Las consecuencias del reciente paro armado nacional del ELN, que culminó este miércoles 17 de diciembre a las 6:00 a. m., se han traducido en un marcado aumento de la tensión y el temor en diversas regiones de Colombia, con ataques y bloqueos que dejaron al menos cinco muertos y una veintena de departamentos afectados en los últimos tres días.
Entre las víctimas mortales figuran dos policías que fallecieron tras explosiones en el sur de Cali y un civil que murió durante un ataque en Norte de Santander. Además, las autoridades investigan la muerte de dos jóvenes hallados en Cúcuta.
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Mientras tanto, una funcionaria resultó herida en el peaje de La Lizama, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, donde hubo necesidad de aplicar protocolos de seguridad.
El impacto de estas acciones violentas ha sido profundo, no solo en términos humanos, sino en la movilidad: amenazas, bloqueos con explosivos y restricciones paralizaron rutas clave y acentuaron la crisis en centros urbanos y zonas rurales.
En total, se han contabilizado cerca de 60 ataques adjudicados al Ejército de Liberación Nacional en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, y Antioquia, además de otras regiones orientales y occidentales del país, según cifras preliminares de las autoridades.
Gran parte de la atención se ha concentrado en Norte de Santander, uno de los departamentos más golpeados. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron eventos especialmente violentos, incluidos los dos homicidios en investigación y la muerte de un conductor de ambulancia, quien quedó atrapado en un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander.
También se registraron bloqueos y hallazgos de artefactos explosivos en los corredores viales entre Cúcuta y Pamplona, así como limitaciones notables al transporte público en la ruta entre Cúcuta, Ocaña y Aguachica.
En el occidente del país, Cali vivió momentos de pánico cuando estallaron artefactos cerca de un Centro de Atención Inmediata policial y una patrulla. Las explosiones, según confirmaron las autoridades, provocaron las muertes de dos agentes y obligaron a cerrar la zona para labores de reconocimiento y prevención de nuevos ataques. Incidentes similares se dieron en Antioquia, donde un bus fue incinerado en jurisdicción de Valdivia y otro artefacto explosivo detonado en Copacabana.
La situación en Arauca tampoco pasó inadvertida: el ELN atacó con tatucos bomba el batallón del Ejército en Puerto Jordán, causando daños materiales pero sin víctimas fatales. Las fuerzas armadas recordaron que este batallón ya había sido blanco del grupo armado en al menos dos ocasiones el último año.
Paralelamente, la presencia simbólica del ELN se manifestó en forma de grafitis y banderas instaladas en carreteras de Arauca, Antioquia y Cauca; en este último departamento, un cilindro con emblemas del grupo fue detectado en la vía Panamericana, cerrándose temporalmente la ruta. En Chocó, el control de la guerrilla llevó a la suspensión total del transporte tanto fluvial como terrestre.
El contexto de estas acciones refuerza el estancamiento en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, congeladas desde principios de año luego de la escalada de violencia en Catatumbo.
Vera Grabe, jefa del equipo negociador del Gobierno nacional, en diálogo con El Espectador, manifestó la inquietud de la mesa de conversaciones ante el daño sufrido por la población civil durante el paro armado.
“La mayor preocupación es por la vida de la gente que vive en los territorios y se ve afectada por un paro armado. Y respecto a la mesa de diálogos, la pregunta es si un paro armado se puede interpretar como gesto de querer reactivar la mesa. Es algo paradójico”, sostuvo, remarcando la necesidad de insistir en la vía del diálogo para abordar precisamente estos problemas.
Grabe enfatizó que el Gobierno mantiene su postura de rechazo a los paros armados y de defensa del proceso de diálogo. “Siempre hemos rechazado sus paros armados, porque es inconcebible que sea precisamente la población la principal afectada de la violencia. Por supuesto, es fundamental que un diálogo de paz signifique en primer lugar respetar a las comunidades en territorio”, afirmó al mismo medio.
Actualmente, el presidente Gustavo Petro mantiene suspendidas las conversaciones con el ELN desde enero, tras los hechos violentos ocurridos en Catatumbo y los enfrentamientos con el Frente 33 de las disidencias, lo que desencadenó lo que organismos humanitarios consideran la peor crisis del país en las últimas dos décadas.