La senadora Isabel Cristina Zuleta, integrante del Pacto Histórico, quedó formalmente en el centro de un nuevo frente judicial luego de que fuera instaurada una denuncia penal en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.
La acción fue presentada por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, a partir de revelaciones publicadas por el medio Semana, en las que altos mandos de la Fuerza Pública la señalan de presuntas interferencias en operativos contra organizaciones criminales en Antioquia.
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La denuncia ante el alto tribunal se suma a un escenario jurídico complejo para la congresista, que ya enfrenta investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, además de un proceso en el Consejo de Estado que estudia una eventual pérdida de investidura, según el medio citado.
Aunque hasta el momento no existe imputación formal ni decisión de fondo en su contra, las autoridades judiciales analizan si su conducta pudo constituir delitos como abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.
El caso tomó mayor relevancia tras conocerse testimonios de ocho generales del Ejército Nacional y de la Policía, cinco en servicio activo y tres en retiro, quienes aseguraron haber recibido llamadas, mensajes y solicitudes directas de la senadora, así como de familiares y asesores cercanos, para frenar o cuestionar operaciones militares y policiales en municipios estratégicos como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
Según los oficiales, estas intervenciones habrían afectado acciones contra estructuras armadas como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras bandas criminales con presencia en la región.
Además, el alcalde”Fico" Gutiérrez también confirmó que la Corte Suprema de Justicia tiene en su haber las denuncias impuestas.
Uno de los episodios más sensibles ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio del norte de Antioquia y tierra natal de Zuleta. Ese día, en medio de enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, la senadora habría contactado a un oficial para solicitar la suspensión del combate, bajo el argumento de que las tropas estaban atacando a mineros.
De acuerdo con los reportes militares, las personas señaladas como mineros se encontraban armadas, con prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y acompañadas de menores de edad. El operativo dejó como saldo dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres adolescentes armadas entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ese mismo día, Johan Edisson Giraldo, asesor de la senadora, también habría contactado a un general para advertir sobre supuestos civiles perseguidos por las tropas y pedir cautela en el procedimiento. Para los oficiales que declararon, la intención principal de estas comunicaciones era detener el avance del operativo militar.
Las denuncias no se limitan a ese caso. Según los testimonios recopilados, el entorno de Zuleta también habría cuestionado la actuación de la Fuerza Pública frente a la incursión del Clan del Golfo en Briceño, así como operativos en Amalfi relacionados con minería ilegal, donde se incautaron dragas y maquinaria pesada.
En esos episodios, la congresista habría expresado inconformidad con los procedimientos policiales y habría cuestionado la vinculación de estructuras armadas ilegales en las investigaciones.
Otro punto que hace parte de la denuncia es el llamado “tarimazo” de julio de 2025, cuando cabecillas de organizaciones criminales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a un evento público. Las autoridades investigan si Zuleta tuvo un rol determinante en esa gestión, pese a no tener competencias legales claras ni autorización válida del Inpec, lo que ha sido incluido en el análisis del Consejo de Estado sobre la posible pérdida de su investidura.
El concejal Alejandro de Bedout, al anunciar la denuncia ante la Corte Suprema, calificó los hechos como “muy graves” y sostuvo que no se puede permitir que congresistas interfieran en la labor de la Fuerza Pública. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que Zuleta no es una víctima ni una figura ingenua, sino una dirigente política que, según él, habría favorecido a estructuras criminales bajo el discurso de la paz total.
A este escenario se suma un antecedente reciente: en noviembre de 2025, Zuleta se retractó públicamente de afirmaciones en las que había vinculado al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la Oficina de Envigado, en el marco de un proceso por injuria iniciado por el exmandatario.
En su defensa, la senadora ha sostenido que su actuación se enmarca en su rol de control político y en su trabajo como defensora de derechos humanos. Desde su cuenta de X ha señalado que siempre ha exigido que las operaciones militares y policiales se ajusten a la ley, respeten el principio de distinción y no afecten a la población civil. También ha insistido en que la Fuerza Pública no puede supeditar su accionar a denuncias formales de comunidades atemorizadas por la violencia.