A pocos días de que se cumpla el primer plazo para definir el salario mínimo de 2026, el debate en la mesa de concertación atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las posiciones de los distintos sectores no solo avanzan por rutas muy distintas, sino que, según las centrales obreras, están separadas de manera “abismal”. Este ambiente, lejos de disiparse, reforzó la posibilidad de que la negociación no llegue a una cifra consensuada dentro de los tiempos previstos.
Aunque el país acostumbra cada diciembre a seguir de cerca este trámite, la discusión de este año tomó un giro particular. Las organizaciones sindicales, encabezadas por la CUT, insisten en un incremento de dos dígitos y reiteraron que un ajuste “de al menos 12%” es indispensable para garantizar el poder adquisitivo de los hogares. Del otro lado, los gremios económicos defienden un aumento alrededor del 7%, respaldados en un argumento central, evitar presiones adicionales sobre la inflación.
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En medio de esas posturas, el Gobierno intenta ubicarse en un punto de equilibrio. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, repite que su prioridad es alcanzar un consenso, aunque en el propio Ejecutivo hay voces que respaldan un aumento más amplio. Esta mezcla de expectativas convierte cada sesión en un ejercicio delicado, donde los técnicos revisan proyecciones y los representantes exponen sus límites y condiciones.
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Si el 15 de diciembre la mesa no logra un acuerdo, algo que a esta altura ya se ve como un escenario probable, la discusión no se cierra de inmediato. La normativa laboral fija un protocolo estricto que contiene los siguientes pasos y que, en la práctica, ordena una segunda ronda de revisión.
Entre el 16 y el 18 de diciembre se abre un periodo para que cada sector entregue sus salvedades por escrito. Ese documento no es un simple registro, allí se exponen los argumentos que sustentan cada propuesta, las razones por las que no se logró concertar una cifra y los soportes que cada parte considera relevantes para defender su posición. La Comisión debe analizarlos el 18 de diciembre, lo que convierte esa fecha en un filtro técnico y jurídico previo a la fase final.
Después de ese punto inicia un periodo distinto, más breve pero decisivo. Del 19 al 29 de diciembre la negociación entra en sesiones extraordinarias, un espacio diseñado para intentar un nuevo acercamiento. Durante esos diez días pueden programarse reuniones adicionales, con la flexibilidad necesaria para agotar cada alternativa que permita una posible concertación. Para trabajadores, empresarios y Gobierno este tramo representa la última oportunidad de pactar un aumento antes de que intervenga la instancia final.
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El escenario que nadie descarta, y que se repitió durante los tres años anteriores, es que las partes lleguen al 29 de diciembre sin un acuerdo. En ese caso, la responsabilidad de definir el incremento del salario mínimo pasa directamente al presidente Gustavo Petro. La ley es clara, el Ejecutivo debe fijar la cifra por decreto a más tardar el 30 de diciembre. No hacerlo implicaría dejar sin base legal la remuneración mínima para el año siguiente.
Esa decisión presidencial no surge de cero. Para el decreto se tienen en cuenta los documentos de salvedades, las proyecciones económicas oficiales, el comportamiento de la inflación, los datos del mercado laboral y los argumentos técnicos que circulan en la mesa. Aun así, para las centrales obreras la imposibilidad de concertar significaría una derrota para el diálogo social, mientras que para los empresarios sería la confirmación de que las propuestas sindicales eran difíciles de sostener fiscalmente.
Este proceso, que cada año se repite con variaciones, vuelve a plantear un punto de fondo, la negociación del salario mínimo no solo depende de cifras económicas, también de la capacidad política de los sectores para acercar sus posiciones en un calendario que corre sin pausas. Por ahora, el reloj sigue avanzando hacia el 15 de diciembre con más preguntas que acuerdos.
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