Aunque la labor principal de las autoridades es cuidar a la población civil, en Colombia se han registrado casos en los que ciudadanía expone un comportamiento indebido por parte de uniformados.
En un caso de esta índole, el abogado Edwin Gabriel Díaz, de la organización sin ánimo de lucro Cordepública, denunció un presunto caso de abuso de autoridad que ha escalado hasta el punto de que una de sus clientes lleva seis meses presa por un caso que él afirma es un “falso positivo”.
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Para entender el contexto de la denuncia, Díaz explicó qué los hechos se registraron en el municipio de Granada, en el Meta, en donde los residentes fueron testigos de varios casos de abuso de autoridad en los que uniformados se sobrepasaban en su trato contra habitantes de calle de la zona.
En casos expuestos al respecto, un grupo de policías le habría cortado el cabello a una mujer consumidora; de la misma forma, a otro individuo lo habrían lanzado desde lo más alto de un puente vehicular, lo que provocó la indignación de varios residentes.
Con ese contexto, en el que afirman que los uniformados tenían comportamientos similares de manera reiterada, la líder social Doris Andrea Pareja Cabrera, defendida del jurista que narró los hechos, decidió denunciar el accionar de los policías, que en ese momento recibían órdenes del capitán Luis Miguel Panqueva, que tenía un rol importante en la institución en el Meta.
Sin saberlo, exponer lo que pasaba en su municipio se convirtió en una pesadilla para Pareja, que desde ese momento afirma ser víctima de una persecución por parte del capitán Panqueva.
Además de exponer videos de los hechos denunciados sobre trato indebido a habitantes de calle, el jurista entregó a Infobae Colombia grabaciones de procesos protagonizados por la policía en contra de Andrea Pareja y algunos allegados, además de otros pobladores de la zona.
Pareja expuso que la persecución fue tal, que en un momento el uniformado le ofreció dinero al que era su pareja a cambio de dejar narcóticos en su vehículo y de esa forma poderla capturar.
Igualmente, anticipó en reiteradas ocasiones que tenía conocimiento sobre amenazas en contra de la líder social, a pesar de que ella asegura no tener enemigos en la zona.
Días más tarde, la mujer fue víctima de un intento de asesinato y terminó capturada por un asesinato registrado en la zona, en el que afirma que no tiene nada que ver.
Desde junio de 2025, Pareja está recluida en una estación de policía de la región, es acusada del asesinato de un habitante de calle y meses más tarde le añadieron una acusación más por un caso similar.
En su defensa, la mujer ha expuesto que en las jornadas mencionadas por las autoridades, ella estaba con un equipo de microfútbol del municipio en un torneo registrado a varias horas del lugar de los hechos, contando con múltiples testigos que confirman que se encontraban en el polideportivo en ese momento.
Desde la organización sin ánimo de lucro denuncian que la policía ha capturado a consumidores del municipio, a quienes los amenazan con inculparlos de diferentes crímenes si no afirman tener conocimiento de la responsabilidad de Pareja en los casos mencionados.
En ese sentido, el abogado afirma tener el testimonio de varios de ellos, que aseguran no tener conocimiento de los asesinatos ni de la responsabilidad de la mujer en los hechos; sin embargo, tienen preocupación con exponer el material porque, en otras ocasiones, mediante procesos ilegítimos, han denunciado irregularidades similares y los procesos han quedado estancados.
Mientras la mujer siga recluida en una estación, la preocupación de la defensa aumenta debido a que uno de sus testigos, que había sido vinculado a un delito mediante el mismo ‘modus operandi’, fue ultimado luego de haber recibido el beneficio de prisión domiciliaria.