La expansión del Tren de Aragua en Colombia ha revelado una compleja red de operaciones financieras y logísticas, en la que la relación con el bar Maiquetía VIP emerge como un elemento clave en el red criminal.
Según la investigación publicada por El Tiempo, la estructura financiera de la organización en Bogotá estaba bajo el control de dos figuras centrales: ‘Rosita’ y alias Eryk.
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El expediente judicial en Estados Unidos identifica a ambos como responsables de la gestión de plazas de droga y de las finanzas del grupo, lo que les otorgaba un papel estratégico en la consolidación de la red.
La documentación oficial citada por El Tiempo señala que “el expediente en EE. UU. ubica a estas dos personas como operadores de plazas de droga y finanzas de la organización”, una afirmación que sitúa a ‘Rosita’ y alias Eryk en el núcleo de las actividades ilícitas del Tren de Aragua en la capital colombiana.
Esta estructura no solo facilitaba el flujo de recursos, sino que también permitía el lavado de dinero y la expansión territorial del grupo.
El vínculo con Maiquetía VIP aparece como un canal privilegiado para el movimiento de fondos y personas, reforzando la capacidad operativa del Tren de Aragua.
La investigación del medio de comunicación detalla que “la poderosa red financiera del Tren de Aragua en Bogotá que era manejada por ‘Rosita’ y alias Eryk” se articulaba a través de mecanismos sofisticados, lo que dificultaba la labor de las autoridades para rastrear el origen y destino de los recursos.
La relevancia de estos hallazgos radica en la identificación de los métodos empleados por la organización para sostener su actividad criminal en Colombia, así como en la exposición de los actores que, desde posiciones de liderazgo, coordinaban la logística y el financiamiento.
La investigación también destaca la capacidad de adaptación del Tren de Aragua para establecer alianzas y utilizar servicios como Maiquetía VIP en su estrategia de expansión, consolidando así su presencia en el territorio colombiano y fortaleciendo su red financiera, según la documentación citada por El Tiempo.
DJ y actriz venezolana sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Tren de Aragua
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó a la DJ venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, en la lista de personas bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras detectar presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Esta acción se produce en un contexto de creciente cooperación internacional, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a siete ciudadanos venezolanos, entre ellos Araya, y ordenó el bloqueo de su empresa Global Import Solutions S.A., ubicada en Anaco, estado Anzoátegui, donde figura como presidenta y accionista.
En la ficha oficial de la Ofac, se identifica a Araya como una “afiliada clave” del Tren de Aragua, detallando sus datos personales, alias y número de identificación venezolano. El organismo estadounidense la incluye en la categoría de individuos sujetos a sanciones por presuntamente colaborar con una organización que Washington cataloga como grupo terrorista extranjero.
Además, la UIF informó que las cuentas bancarias de Araya en México se encuentran congeladas, mientras se investiga su actividad financiera y sus posibles nexos con la estructura criminal. La trayectoria de Jimena Araya ha estado marcada por diversas investigaciones.
Asimismo, se le investiga por presuntamente haber destinado parte de sus ganancias, obtenidas durante su etapa como DJ en Colombia, al financiamiento de las operaciones del grupo delictivo. Entre los sancionados por la Ofac también se encuentra Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de “Niño Guerrero”, acusado de participar en la expansión del Tren de Aragua en territorio chileno.
La inclusión de Araya y otros individuos en la lista de sancionados refleja la estrategia de las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir la influencia y las operaciones financieras de organizaciones criminales transnacionales.