Estados Unidos expresó su preocupación por los señalamientos que vinculan a altos funcionarios del Gobierno colombiano con integrantes de las disidencias de las Farc. Según un portavoz del Departamento de Estado citado por W Radio, el Gobierno estadounidense manifestó que está al tanto de los informes que circulan sobre este tema y considera necesario que Colombia tome acciones institucionales frente a estos señalamientos.
En su declaración, el portavoz señaló: “Estamos al tanto de informes que señalan vínculos entre altos funcionarios del Gobierno Petro y disidentes de las FARC (Organización Terrorista Extranjera).
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Washington recordó que entre ambos países existe una cooperación en materia de seguimiento, fundamento bajo el cual pidió que las autoridades colombianas avancen en una revisión profunda de la información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
“Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguimiento, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo esas acusaciones y a tomar las medidas pertinentes”, concluye el mensaje.
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La solicitud de Estados Unidos se basa en la expectativa de que las acusaciones sean investigadas y que, según corresponda, se adopten las medidas institucionales pertinentes. El pronunciamiento surge tras la divulgación de archivos atribuidos al cabecilla alias “Calarcá”, material que ha generado un debate nacional por el alcance de su contenido.
Archivos de alias Calarcá: el contexto que motivó la solicitud estadounidense
El pronunciamiento del Departamento de Estado se hace tras la publicación de un informe de Noticias Caracol, en el que se presentaron documentos obtenidos de computadores, celulares y memorias USB incautados por la Fiscalía General de la Nación en 2023. Dicho material fue divulgado por la Unidad Investigativa de ese medio.
Los archivos incluyen fotografías, cartas, mensajes y correos en los que se mencionaría una relación entre alias Calarcá y dos funcionarios actuales del Estado, los cuales son el General Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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Según lo expuesto en el informe periodístico, los documentos mostrarían comunicaciones directas entre Calarcá y los dos funcionarios. En uno de los archivos, fechado el 8 de febrero de 2024, el general Huertas (en ese momento asesor de dependencias del Ministerio de Defensa, inteligencia militar y la DNI) habría planteado la creación de una empresa de seguridad como fachada, similar a las estructuras utilizadas años atrás por grupos paramilitares para formalizar operaciones.
El archivo indica que el general se habría comprometido a gestionar permisos, armas y vehículos blindados, mientras solicitaba a alias “Calarcá” constituir la empresa “mitad y mitad”, en caso de que el Gobierno no accediera a continuar con ciertas negociaciones.
Además, algunos mensajes atribuidos a alias “Calarcá” mencionan supuestas pruebas sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como referencias a la vicepresidenta Francia Márquez.
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Reacción del Gobierno
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta en la red social X que aclaró que él ya conocía parte del material descrito, pues oficiales de Estados Unidos le entregaron reportes previos sobre el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ambos mencionados en el informe.
El presidente aseguró que la información que recibió en ese momento no tuvo sustento y que su propia verificación permitió descartar la hipótesis planteada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
En su mensaje afirmó: “Investigué lo que sucedió y determiné que la creencia de la CIA no era certera”. Esta frase marcó el punto central de su aclaración pública y dio paso a un relato más amplio sobre la forma en que él interpretó los informes de la agencia.
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Petición previa del alcalde de Medellín a Estados Unidos
Antes del pronunciamiento del Departamento de Estado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que elevaría una solicitud formal al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para que su país revisara las denuncias reveladas por las investigaciones periodísticas sobre los presuntos nexos entre miembros del Gobierno Nacional y estructuras criminales de alias “Calarcá”, así como de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
Gutiérrez afirmó: “Le pedimos al Gobierno de los Estados Unidos (…) que se avancen las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados por ser determinadores del narcotráfico o del terrorismo, o quienes los ayudan y auxilian, sean pedidos en extradición”.
El alcalde también reiteró hechos ocurridos durante su campaña presidencial en 2022, cuando, según dijo, enfrentó restricciones de ingreso y amenazas en territorios dominados por organizaciones armadas ilegales.
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Indicó que, en esos lugares, dichas estructuras habrían favorecido electoralmente al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Asimismo, mencionó el asesinato del líder indígena Misak Jesús Montano, quien había sido amenazado previamente, de acuerdo con su declaración.
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