La Planta Sutamarchán y el poliducto operados por Ecopetrol S.A. y su filial Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., en el municipio boyacense, fueron señalados como un foco de riesgo extremo e inminente para la población y el ecosistema local.
Así lo advirtió el alcalde Miguel Andrés Rodríguez Saavedra en una comunicación oficial dirigida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los ministerios de Trabajo, Ambiente y Minas, la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en la que solicitó una investigación integral, la revisión de las licencias ambientales y la adopción de medidas inmediatas para evitar una tragedia ambiental y humana.
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El mandatario municipal alertó que la operación de la planta implica el manejo de productos altamente inflamables a presiones de hasta 1.350 psi y caudales que superan los 3.000 barriles por hora, atravesando zonas pobladas, fuentes hídricas y ecosistemas frágiles.
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El documento oficial denuncia que, a este escenario de alto riesgo tecnológico, se suma la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y la reiteración de robos de combustible —conocidos como valvuleo ilegal—, hechos que han sido noticia nacional y que, según la Alcaldía, incrementan exponencialmente la probabilidad de fugas, incendios y explosiones.
En palabras del alcalde Rodríguez Saavedra, “la vida de las personas y la integridad del ecosistema están en riesgo. No podemos permitir que se siga operando bajo esquemas que degradan la prevención. De no actuar ya, podríamos estar ante un desastre previsible y evitable”.
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En el oficio se detalla que Ecopetrol y Cenit redujeron la presencia de personal a un solo operador por turno e incluso han dejado periodos sin vigilancia, lo que ha desmantelado las brigadas locales de primera respuesta. Además, los planes de emergencia y contingencia (PEC/Paec) y las matrices de riesgo (RAM) estarían desactualizados, inconsistentes y sin eficacia real, lo que, según la Alcaldía, contraviene el marco legal y las mejores prácticas en gestión del riesgo tecnológico.
Entre las solicitudes urgentes, el alcalde pidió a la Ungrd que realice una verificación técnica in situ inmediata y suspenda cualquier esquema de operación con un solo operador por turno.
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Al Ministerio del Trabajo le solicitó investigar posibles vulneraciones en seguridad y salud en el trabajo y ordenar la restitución de brigadas permanentes. Al Ministerio de Ambiente y a la Anla les exigió revisar la licencia ambiental y, de encontrarse incumplimientos graves, considerar la suspensión o revocatoria. Finalmente, a la Fiscalía le pidió abrir una investigación penal preliminar por presuntas omisiones que puedan agravar el riesgo de desastre.
El pronunciamiento también cuestiona el déficit histórico de inversión social por parte de las empresas frente a los riesgos que soporta el municipio. Se exige la presentación de compromisos verificables en fortalecimiento de organismos de socorro, mejoramiento de vías de acceso para emergencias y monitoreo ambiental participativo.
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En el documento, el alcalde Rodríguez Saavedra expone que la combinación de alta presión y caudal, reducción o ausencia de personal y brigadas, documentos ineficaces, déficit de inversión social y la presencia de una red criminal dedicada al robo de combustible configura un escenario de riesgo intolerable.
“Mantener la operación bajo estas condiciones expone a Sutamarchán a un desastre previsible y evitable. Se impone la adopción inmediata de medidas estrictas de prevención y control, la investigación integral y la revisión profunda con posibilidad de suspensión y revocatoria de las licencias ambientales, para proteger la vida, el ecosistema y la seguridad pública del municipio”, se señala en el oficio.
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El alcalde también solicitó a Ecopetrol y Cenit el restablecimiento inmediato de la presencia física permanente de personal calificado y brigadas en la planta y puntos críticos del poliducto, la entrega de planes de emergencia y matrices de riesgo actualizados, inventarios de equipos de respuesta, bitácoras de turnos y evidencias de entrenamiento, así como la presentación de un plan de inversión social específico para Sutamarchán, con presupuesto, cronograma y metas verificables.
A la Fiscalía General de la Nación, la solicitud incluye la apertura de una investigación penal preliminar por posibles omisiones que incrementen el riesgo de desastre tecnológico o ambiental, relacionadas con la reducción de personal, la desatención y degradación de los planes de emergencia y deficiencias de prevención y primera respuesta.
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Se pide el recaudo urgente de pruebas técnicas y testimoniales, la incorporación de informes de la Ungrd, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ambiente y la Anla, y la adopción de medidas preventivas urgentes, como la suspensión temporal de operaciones en tramos o instalaciones críticas hasta que se garanticen condiciones mínimas de seguridad humana y ambiental.
En el documento también exige a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría ejercer vigilancia superior sobre la actuación oportuna de las autoridades competentes y el cumplimiento de obligaciones por parte de Ecopetrol–Cenit, incluidas las condicionantes de licencia e inversión social.
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El alcalde Rodríguez Saavedra concluyó en el oficio que “la operación en Planta Sutamarchán y el poliducto no puede continuar bajo esquemas que degraden la prevención. La vida de las personas y la integridad del ecosistema exigen acciones inmediatas, verificables y contundentes. La autoridad licenciadora debe revisar sin dilación las licencias ambientales y, si es del caso, proceder a su revocatoria por el grave riesgo a la población y al ambiente. La inacción sería contraria a la Constitución, a la ley y a la ética pública, y podría derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales, civiles y penales”.