La familia de José Antonio Pérez Herrera, un joven de 20 años oriundo del municipio de Baranoa, Atlántico, vive una tragedia desde julio de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en el estadero Cerdo Sabrosón, donde él trabajaba, y le dispararon en un ataque, presuntamente, con fines extorsivos.
El joven, que apenas llevaba tres meses en el empleo, recibió tres impactos de bala, y uno de ellos se alojó en su médula espinal, dejándolo sin movilidad en sus piernas. Desde entonces, su vida y la de su familia dio un giro doloroso y lleno de dificultades que afectan su calidad de vida.
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Pérez Herrera no solo tuvo que enfrentar las consecuencias de la violencia, sino también las falencias en la atención del sistema de salud. De acuerdo con el testimonio de su madre, Martha Herrera, la EPS Salud Total no ha entregado los insumos necesarios para las curaciones de las heridas que su hijo sufrió durante el ataque.
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En su condición, el joven necesita insumos médicos como apósitos, gasas, esparadrapos, pañales y guantes, los cuales no pueden ser adquiridos por su familia, ya que su valor es bastante elevado.
“Él necesita más bien para las heridas de las escaras. Son como parches, apósitos, los esparadrapos, las gasas. Además de pañales, pañitos húmedos, guantes, que todo eso lo que se está solicitando para hacerle las curaciones a él, ya que los enfermeros son los que se la hacen, pero no tenemos recursos para comprarlas”, indicó Martha Herrera, la madre del joven en declaraciones entregadas a El Tiempo.
El día del ataque el joven fue auxiliado y llevado al hospital de Baranoa, allí lo remitieron a Barranquilla para recibir un tratamiento especializado para su condición. Sin embargo, su traslado nunca se concretó por falta de recursos y barreras burocráticas que limitaron el apoyo institucional.
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La familia del joven, residente en un barrio humilde de Baranoa, denuncia que han tocado todas las puertas posibles para conseguir justicia y atención médica digna, pero que lo único que han recibido es silencio y negligencia. A las barreras en la atención médica se le suma el nulo avance en la investigación por parte de las entidades competentes.
La madre del joven señaló que presentó las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, pero que el proceso no ha avanzado mientras los agresores siguen gozando de la libertad. Según los familiares, se trata de un caso más que queda en el olvido entre los muchos expedientes de extorsión y violencia que afectan a miles de ciudadanos del Atlántico.
Actualmente, Pérez Herrera permanece postrado en una cama improvisada en la sala de su casa, donde recibe atención de sus familiares y vecinos del sector en el que vive. No obstante, con cada día que pasa, el deterioro físico y emocional avanza, mientras la familia se enfrenta a un panorama de desamparo absoluto.
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Mientras tanto, la familia del joven continúa apelando a la solidaridad ciudadana para cubrir los gastos médicos y los cuidados que requiere. Desde Baranoa hacen un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades del Atlántico y a las entidades de salud para que atiendan el caso con urgencia.
Por su parte, los habitantes del municipio y líderes comunitarios se solidarizaron con la familia y piden que las autoridades competentes intervengan para garantizar justicia y atención integral. Por ello, han realizado colectas y actividades para recaudar fondos, pero reconocen que su apoyo no es suficiente para cubrir las necesidades médicas que requiere la víctima.
Los vecinos del sector aseguraron al medio de comunicación citado que ese tipo de ataques se han vuelto frecuentes en la región, donde los grupos extorsivos operan con impunidad, amenazando a pequeños negocios, tiendas de barrio y mototaxistas. Muchos de ellos terminan pagando “cuotas de seguridad” para poder seguir trabajando sin ser víctimas de atentados.
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