Un día después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre temporal de los restaurantes Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés DC, en la calle 82 de Bogotá, se conocen detalles de la inspección que llevó al ente de control a tomar la decisión.
Según explicó la SIC, se detectaron graves deficiencias en las instalaciones eléctricas de ambos locales.
La medida, adoptada después de un accidente ocurrido en septiembre que dejó varios heridos con lesiones de primer y segundo grado, exigió la presentación de pruebas verificables que demuestren la corrección de las fallas identificadas para permitir la reapertura.
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Durante las inspecciones, la SIC identificó conductores eléctricos expuestos, iluminación deficiente y tomacorrientes sin protección adecuada en zonas húmedas, incumpliendo los reglamentos técnicos vigentes desde 2015.
La superintendente Cielo Rusinque explicó en entrevista con Blu Radio que estos hallazgos representan un peligro inmediato para clientes y trabajadores, lo que llevó a ordenar el cierre sin demora.
“Se encontraron riesgos inminentes relacionados con las instalaciones eléctricas, por lo que no podíamos esperar más. Era necesario ordenar el cierre inmediato”, afirmó la funcionaria.
El origen de la medida preventiva se remonta al accidente registrado en septiembre en una de las sedes, donde varias personas resultaron heridas.
Este incidente motivó la intervención de la SIC, que, tras constatar el incumplimiento de los reglamentos técnicos, procedió a la inspección y posterior cierre de los establecimientos.
Rusinque destacó que la actuación de la entidad no fue arbitraria, sino una respuesta inmediata ante la evidencia de riesgos para la integridad de quienes frecuentan estos lugares.
En cuanto a la base legal de la intervención, la superintendente detalló que la SIC cuenta con la facultad de ordenar cierres preventivos desde 2011, cuando se creó la delegatura de reglamentos técnicos y metrología legal.
La funcionaria recordó que el estatuto del consumidor y la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía otorgan a la entidad la competencia para inspeccionar y sancionar a los establecimientos que no cumplen con las normas técnicas en materia de instalaciones eléctricas.
Rusinque enfatizó que la labor de la SIC se realiza de manera cotidiana y que la medida adoptada en este caso responde a la gravedad de los riesgos detectados, no a presiones externas ni a criterios discrecionales.
Además de las deficiencias eléctricas, la SIC identificó fallas menores en el sistema de gas de ambos restaurantes. En este aspecto, la entidad otorgó un plazo de diez días para que los responsables realicen las correcciones necesarias.
La superintendente aclaró que, a diferencia de los problemas eléctricos, las irregularidades en el sistema de gas no representaban un riesgo inminente, por lo que se permitió un margen para su subsanación.
No obstante, la reapertura de los locales sigue condicionada a la verificación formal de todas las adecuaciones exigidas.
Frente a la situación, los representantes de Andrés Carne de Res y Andrés DC han manifestado en redes sociales que ya realizaron las adecuaciones requeridas.
Sin embargo, la SIC sostiene que hasta el momento no ha recibido pruebas válidas que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos.
Rusinque precisó que la documentación debe presentarse en formato físico o PDF, y no mediante enlaces digitales o nubes, para garantizar la fidelidad de la información.
“No nos ha llegado ninguna prueba en el sentido de que cumplan con la reglamentación”, señaló la superintendente, quien reiteró que la reapertura solo será posible una vez se reciban y verifiquen los documentos exigidos.
El cierre de los restaurantes coincide con la temporada de fiestas de disfraces, uno de los eventos más emblemáticos organizados por Andrés Carne de Res. Esta circunstancia ha tenido un impacto económico considerable, ya que la suspensión de actividades afecta tanto a la empresa como a los trabajadores y proveedores vinculados a los establecimientos.
La SIC advirtió que cualquier intento de reabrir sin la autorización correspondiente constituiría una obstrucción a una orden administrativa vigente, lo que podría acarrear sanciones adicionales.