Presupuesto de la Nación aprobado en el Congreso impactará a los hogares colombianos: esto advierten los expertos

El impacto del Presupuesto General de la Nación 2026 se hará sentir en la vida cotidiana de los colombianos a través de tarifas más altas, nuevos impuestos y un encarecimiento del crédito, según un análisis realizado por el programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura.

Aunque la cifra aprobada por el Congreso asciende a $546,9 billones, la realidad detrás de este monto revela una serie de ajustes que afectarán tanto a los hogares como a las empresas y las regiones.

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El déficit fiscal, que alcanzó $69,4 billones en el primer semestre de 2025 —equivalente al 3,8% del PIB, el nivel más elevado en dos décadas—, obliga al Gobierno a buscar $16,3 billones adicionales mediante una ley de financiamiento.

Esta situación abre la puerta a la creación de nuevos impuestos, ajustes en tarifas o recortes en subsidios y programas sociales. De acuerdo con el informe de la Universidad de San Buenaventura, la decisión sobre cómo se cubrirá este faltante determinará si el peso recae sobre el consumo, el endeudamiento o la reducción de beneficios sociales.

La estructura del presupuesto aprobado destina el 78% de los recursos a funcionamiento y gasto social, mientras que solo el 11% se orienta a inversión.

Esta distribución limita la capacidad de iniciar nuevas obras en las regiones, lo que podría traducirse en retrasos o aplazamientos en proyectos de infraestructura como vías, colegios y hospitales.

Lorena Gutiérrez, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, explicó que “un recorte en inversión no se ve en los números, se siente cuando una obra no arranca”.

El informe advierte que, aunque el presupuesto contempla recursos para diversos sectores, la financiación efectiva aún no está asegurada. Si los $16,3 billones faltantes se obtienen a través de impuestos, el consumo de los hogares se verá afectado; si se recurre a deuda, el costo del crédito aumentará; y si se opta por recortes, programas como Jóvenes en Acción o la alimentación escolar podrían verse comprometidos.

En el caso de los subsidios de energía y gas, el Estado destinó cerca de $5 billones en 2025 para evitar incrementos mayores en las tarifas.

Si estos subsidios no se garantizan en la ejecución de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podrá autorizar ajustes tarifarios. Un hogar de estrato 3 con una factura de $120.000 podría enfrentar un aumento mensual de entre $6.000 y $12.000, mientras que una microempresa con un consumo de $1,2 millones vería incrementos superiores a $80.000.

El sector salud recibirá más de $78 billones, pero la oportunidad en los giros a las EPS e IPS dependerá del recaudo tributario. Aunque no se prevén cierres de entidades, podrían presentarse retrasos en los pagos, lo que se traduciría en demoras en citas, cirugías o entrega de medicamentos. “Cuando se atrasa un giro, el usuario no ve un decreto, ve una fila más larga”, señaló Gutiérrez.

En materia educativa, el presupuesto asignado a través del Sistema General de Participaciones alcanzará cerca de $88 billones. No obstante, la continuidad y cobertura de programas sociales como la alimentación escolar o los subsidios estudiantiles dependerán de la aprobación y éxito de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Si los recursos no se materializan, podrían endurecerse los requisitos o reducirse los beneficiarios.

El ajuste tributario más probable, según el análisis, es la ampliación de la base del IVA y la revisión de exenciones. Un incremento de dos puntos porcentuales en el IVA permitiría recaudar cerca de $6 billones.

Para un hogar con un consumo mensual de $800.000 en bienes gravados, esto representaría un gasto adicional de $16.000 al mes. Las empresas, especialmente las pymes, trasladarían el mayor costo de insumos al consumidor final.

El riesgo de un aumento en las tasas de interés también está presente. El Banco de la República advrtió que un deterioro fiscal podría elevar el riesgo país y, en consecuencia, las tasas bancarias. Un incremento de 100 puntos básicos podría traducirse en un aumento de $20.000 a $35.000 en la cuota mensual de un crédito de vivienda de $50 millones, y entre $350.000 y $600.000 en préstamos comerciales de $300 millones.

El impacto de estos cambios no será inmediato. Se prevé que los efectos comiencen a sentirse entre febrero y marzo, cuando se reglamenten las nuevas tarifas, giros e impuestos. Tanto hogares como empresas deberán ajustar sus presupuestos del primer trimestre con mayor cautela.

En las regiones, la ejecución de inversión en 2024 apenas alcanzó el 61%, según la Contraloría. Si no se garantiza la financiación con la ley tributaria, los primeros recortes se reflejarán en proyectos de acueductos, vías y colegios regionales, lo que afectará el empleo local y las iniciativas comunitarias.

La regla fiscal establece que hasta 2027 se permite un mayor gasto, pero a partir de 2028 el país deberá retomar una disciplina estricta. Si las cuentas no se corrigen en 2026 y 2027, los ajustes futuros tendrán que realizarse mediante más impuestos o la reducción de subsidios.

“El ciudadano debe vigilar tres señales: si sube el IVA, si mantienen los subsidios y cómo va el recaudo. Ahí está su bolsillo”, concluyó Gutiérrez.