La imputación de cargos por el presunto desvío de recursos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá puso en el centro del debate la gestión de fondos públicos durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. El hecho pone en juego, además, la aspiración del exalcalde paisa que busca a llegar a la Casa de Nariño en 2026 de la mano del Pacto Histórico.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, un total de $2.481 millones que debían destinarse a la compra de kits contra el covid-19, elementos de bioseguridad y capacitaciones para cuerpos de bomberos, habrían terminado en la campaña a la Cámara de Representantes, por el departamento de Antioquia, de Misael Cadavid, quien aspiraba en 2022 por Cambio Radical.
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Entre los principales implicados se encuentran, según el ente acusador, Janeth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana, y los exdirectores del Cuerpo de Bomberos de Itagüí Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González.
La Fiscalía formuló cargos contra Janeth Rúa García por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Mientras que, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, en calidad de exdirectores y representantes del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, también enfrentan imputaciones por presunto peculado por apropiación.
El proceso judicial se centra en seis contratos celebrados durante el periodo de Quintero como alcalde, entre 2019 y 2023, y que, según la investigación, la supervisora no adelantó la verificación exigida a la inversión de los recursos. Adicionalmente, dichos contratos habrían sido adjudicados sin el cumplimiento de los principios de pluralidad de oferentes, lo que generó sobrecostos y pagos sin respaldo.
El mecanismo de las irregularidades incluyó la omisión de controles en la adjudicación de los contratos, la ausencia de competencia entre proveedores y la autorización de gastos sin justificación. Además, se evidenció la manipulación de procesos administrativos para favorecer a determinados oferentes, el fraccionamiento indebido de contratos con el fin de evadir los requisitos legales y la falta de documentación soporte que permitiera verificar la ejecución real de las obligaciones pactadas.
Los convenios investigados tenían como propósito fortalecer la respuesta ante la pandemia y mejorar la capacitación de los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, pero la Fiscalía identificó que parte de los recursos se desvió mediante sobrecostos y elementos sin soporte, sumando un presunto peculado por apropiación de $2.481.150.102.
El destino final de estos fondos, según la acusación, fue la financiación de la campaña política de Misael Cadavid en 2022. El fiscal del caso afirmó que los dineros públicos terminaron en manos de particulares y en actividades proselitistas, lo que agrava la gravedad de los hechos investigados.
Este caso se suma a una serie de investigaciones abiertas por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero. Actualmente, los tres implicados han rechazado los cargos y se ha solicitado una medida de aseguramiento en su contra.
Con este proceso, el número de personas investigadas por hechos similares asciende a 47, distribuidas en ocho expedientes distintos relacionados con la gestión de recursos públicos en ese periodo.
Estos son los exfuncionarios de Daniel Quintero imputados por corrupción
Varios funcionarios del exalcalde Daniel Quintero y el propio Quintero fueron imputados por la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción durante su administración en Medellín. Las acusaciones incluyen peculado, prevaricato y celebración indebida de contratos, especialmente en casos como la compra irregular del lote Aguas Vivas, donde el precio del terreno se habría inflado de forma injustificada.
En total, más de 47 personas, incluyendo secretarios, directores y contratistas, enfrentan procesos judiciales y cargos formales por estas irregularidades. Las investigaciones ponen en duda la gestión de recursos públicos y generaron tensión política en la ciudad y a nivel nacional.
Por su parte, Daniel Quintero ha defendido su administración y asegura que el proceso judicial responde a una persecución política en su contra, vinculando las denuncias a la rivalidad con su sucesor Federico Gutiérrez y a la contienda presidencial en curso.