La cuenta regresiva para definir el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 ya comenzó en el Congreso. Con menos de cinco días para cumplir los plazos fijados, las comisiones económicas del Senado y la Cámara trabajan a contrarreloj para depurar cifras, revisar artículos y acordar los cambios que darán forma al plan de gasto del próximo año.
El cronograma es estricto, antes del 25 de septiembre debe quedar listo el primer debate y, en paralelo, radicarse la ponencia que permitirá continuar la discusión en plenarias. A partir de ahí, el proyecto avanzará hacia un segundo examen previsto para comienzos de octubre, siempre y cuando el Legislativo logre conciliar posiciones frente a un monto que ya despierta tensiones políticas.
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El Ministerio de Hacienda reunió en los últimos días a ponentes y representantes de diferentes partidos para desmenuzar el articulado presentado por el Gobierno. La meta, según la cartera, es que el presupuesto salga del Congreso con consensos amplios y en los tiempos previstos, evitando repetir lo ocurrido el año pasado, cuando el debate se empantanó y el Ejecutivo terminó expidiendo el plan vía decreto.
La cifra central del proyecto, $557 billones, explica buena parte del ruido. El Ejecutivo planteó que una porción de ese dinero, $26,3 billones, provendrá de una ley de financiamiento en trámite, sustentada en ajustes tributarios para sectores como entretenimiento, turismo o hidrocarburos. La propuesta, sin embargo, no convence a todos.
Desde la oposición y algunos sectores independientes advierten que el aumento de impuestos golpeará directamente a los hogares. La senadora Angélica Lozano fue tajante al exponer su desacuerdo: “El Presupuesto ya quedó por un monto elevado, inflado de $557 billones y el Gobierno quiere una tributaria por $26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella porque afecta a los ciudadanos a los que se les clava más impuestos. En estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo (...) Así que de aquí al 25 de septiembre con lupa defendiendo en cada artículo el bolsillo de los colombianos”.
Además del debate sobre ingresos y gastos, los legisladores deben considerar los mecanismos que aseguren la ejecución de los recursos. Este año, el Ejecutivo insiste en que el plan presupuestal no puede convertirse en una simple autorización contable, sino en una hoja de ruta viable, con prioridades claras para inversión social, seguridad y proyectos de infraestructura.
El camino que sigue la iniciativa está bien delimitado. Si las comisiones conjuntas aprueban el articulado entre el 15 y el 25 de septiembre, el texto pasará a segundo debate en Senado y Cámara a partir del 1 de octubre. Allí se podrán incluir proposiciones o modificaciones finales, siempre que respeten los topes definidos en la ponencia.
Pero los tiempos no se detienen, si al 20 de octubre el Congreso no da luz verde al proyecto, entrará en vigor automáticamente el texto radicado por el Gobierno, con los ajustes introducidos en la fase inicial. Y, como última instancia, si no hay presupuesto aprobado ni decreto expedido antes del 10 de diciembre, el Ejecutivo tendrá que aplicar la figura del “decreto de repetición”, que replica el presupuesto del año anterior con algunos ajustes.
La discusión sobre el PGN no solo es técnica; también refleja las prioridades que marcarán la agenda del país en 2026. Mientras Hacienda insiste en blindar los programas sociales y mantener márgenes para responder a emergencias, otros sectores reclaman mayor disciplina fiscal y control del gasto. Entre ambos polos, el Congreso deberá encontrar un punto de equilibrio que permita financiar el funcionamiento del Estado sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.