La discusión sobre los recursos para vivienda en 2026 arrancó con un tono de advertencia. Durante la primera sesión de sustentación presupuestal en el Congreso la viceministra de Vivienda, Aydee Marsiglia, expuso que el dinero previsto para la próxima vigencia no es suficiente para cubrir las metas del sector. Según dijo, el hueco supera los 700.000 millones de pesos, en gran parte porque el ministerio viene asumiendo los pagos de intereses de subsidios acumulados durante siete años.
Marsiglia explicó que los compromisos fijados en documentos Conpes pasados dejaron “presupuestos que vienen inflexibilizados” y que ascienden a 751.165 millones de pesos. Con la partida que figura en el proyecto del Gobierno, detalló, apenas habría margen para financiar 9.272 soluciones habitacionales, de las cuales 7.907 corresponden a mejoramientos. “Para poder llegar a la meta, necesitaríamos adicional a lo propuesto en la cuota 715.500 millones de pesos para poder cubrir la gran parte de la demanda que se requiere para el déficit cualitativo de la vivienda”, señaló ante los legisladores.
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El panorama, agregó, condiciona la ambición del programa de mejoramientos. Mientras el objetivo inicial era alcanzar 400.000 intervenciones, la proyección que hoy parece realista ronda las 175.000. La funcionaria hizo énfasis en que el mayor reto no es ejecutar la obra en sí, sino la logística para llegar a comunidades apartadas, especialmente aquellas dispersas, con vías precarias y dificultades constantes para movilizar materiales, equipos y personal capacitado.
“La ejecución de un mejoramiento en realidad se demora muy poco tiempo, porque son mejoras a la vivienda cuya ejecución, si mucho, excede los tres meses; pero llegar allá o llegar al beneficiario implica todo un proceso de identificación y conseguir también quien haga la ejecución de la vivienda cuando es un territorio rural disperso, que implica una complejidad adicional”, explicó.
La viceministra también mostró inquietud por la reducción del 42% en el presupuesto planteado para 2026 frente a la vigencia anterior. Ese recorte, dijo, pone en riesgo no solo los subsidios que permiten a miles de familias acceder a una vivienda digna, también inversiones clave en agua potable y otros servicios básicos en zonas de difícil acceso. Para ella, mantener esos apoyos es esencial para cerrar brechas entre el campo y las ciudades.
En su intervención recordó los logros recientes como evidencia del impacto que pueden tener los programas si cuentan con respaldo financiero suficiente. Con los recursos asignados en 2025, precisó, fue posible entregar más de 59.000 subsidios de vivienda, de los cuales 42.000 ya están terminados, beneficiando a 132 municipios. “Eso demuestra que, cuando hay recursos, la capacidad de respuesta existe”, comentó en la misma intervención.
Marsiglia pidió al Ejecutivo evaluar alternativas que permitan fortalecer la inversión en vivienda social y garantizar la continuidad de los subsidios. Señaló que las familias con viviendas precarias no solo enfrentan carencias materiales, sino dificultades para acceder a oportunidades educativas, laborales y de salud. Mejorar sus casas y dotarlas de servicios básicos, insistió, es una forma directa de reducir desigualdades.
La discusión presupuestal, que apenas comenzó, será determinante para definir hasta dónde podrá llegar la política de vivienda en el corto plazo. Si el ministerio logra asegurar los más de 700.000 millones de pesos que estima faltan, podría sostener el ritmo de asignación de subsidios y atender buena parte del déficit cualitativo que afecta a miles de hogares.
De lo contrario, los proyectos tendrían que priorizarse, y los plazos para llevar soluciones a comunidades rurales y urbanas vulnerables serían más largos, incrementando la presión social sobre autoridades locales y nacionales comprometidas con resultados visibles.