Una comisión del FBI visitó en días recientes el departamento de Antioquia para analizar la posibilidad de solicitar la extradición de los responsables del ataque al helicóptero de la Policía Nacional, en el que murieron 13 uniformados en zona rural de Amalfi.
La presencia de los agentes federales marcó un nuevo desarrollo en la respuesta internacional al atentado terrorista perpetrado el 21 de agosto.
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El incidente involucró un helicóptero Black Hawk, perteneciente originalmente al gobierno de Estados Unidos y transferido en comodato a las autoridades colombianas, lo que motivó el interés directo de las agencias norteamericanas en el caso.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a funcionarios estadounidenses que se impulse la extradición de los miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalados como autores del ataque.
El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que el ataque y la destrucción de la aeronave, parte de los inventarios del gobierno estadounidense, dan base a la revisión de la extradición.
“El helicóptero hace parte de los inventarios del gobierno de los Estados Unidos y precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del 36 que generaron la afectación tanto a nuestros policías como al helicóptero”, indicó el oficial.
El ataque ocurrió durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Luego de aterrizar a un grupo de erradicadores, la aeronave fue atacada con explosivos y drones al regresar a la zona, situación que produjo la muerte de los 13 uniformados. Según datos de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio de Defensa, las investigaciones de inteligencia atribuyen los hechos a las disidencias del frente 36 de las Farc comandadas por alias Calarcá.
La visita del FBI y la solicitud del alcalde Gutiérrez coincidieron con una gira de mandatarios colombianos en Estados Unidos, destinada a gestionar apoyos frente a una posible descertificación del país en materia de lucha antidrogas.
Ofensiva contra el frente 36
Las acciones de investigación y persecución contra el frente 36 se intensificaron luego del atentado. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, durante un operativo en Campamento, Antioquia, fueron abatidos Jorge Iván Salazar, alias Guillermino y alias Zarco, identificados como integrantes clave del grupo armado y presuntos participantes en el crimen.
El presidente Gustavo Petro declaró que los presuntos autores “dejaron de delinquir y traquetear de manera definitiva”, luego de ser localizados por la fuerza pública.
La ofensiva incluyó otras capturas en diferentes regiones del país, como la de alias Chorizo, cabecilla financiero de la estructura, y alias Yucas, señalado como uno de los líderes del frente 36. No obstante, algunos de estos registros judiciales enfrentaron dificultades, como la liberación de alias Chorizo tras decisión de un juez de control de garantías.
Las autoridades locales y nacionales, encabezadas por la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, sostienen una línea de acción que prevé la captura o neutralización de todos los responsables del asesinato de los 13 policías. Para la ubicación de alias Primo Gay, cabecilla del frente 36, se ofrece una recompensa de hasta $200 millones.
Expertos en derecho penal consultados por Caracol Radio consideran viable la extradición en casos donde bienes o ciudadanos estadounidenses resulten afectados. El tratado vigente entre Colombia y Estados Unidos, suscrito en 1982, permite solicitar la extradición si se configuran delitos reconocidos por ambos países, incluidos los actos de terrorismo o conspiración para cometerlos.
La comisión del FBI ya recolectó información sobre al menos cuatro de los cinco implicados principales en el atentado: alias Chejo, alias Guaricho, alias Primo Gay y alias Barbas.
Alias Guillermino, señalado como explosivista central en el ataque, fue abatido durante operaciones recientes. Cualquier decisión sobre trámite de extradición dependerá de la estrategia judicial estadounidense en coordinación con las autoridades colombianas y requerirá el aval final del presidente de la República.
“Cada acción ilegal tendrá una respuesta inmediata y proporcional de toda la institucionalidad”, afirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, como señal de la coordinación regional frente al accionar armado de las disidencias.