Correos internos de Ecopetrol han salido a la luz y ponen en entredicho la versión oficial sobre el pago de USD 42 millones por las plantas de generación de energía Termomorichal I y II.
Estos documentos, obtenidos por La W, revelan que la propia área jurídica de la petrolera estatal concluyó que no existía obligación de realizar dicho desembolso al finalizar el contrato, contradiciendo así las declaraciones públicas de David Riaño, vicepresidente de Energía de la compañía.
El 6 de junio de 2024, Riaño aseguró en una entrevista con La W que Ecopetrol no había incurrido en pagos irregulares al empresario William Vélez por las mencionadas plantas.
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El directivo defendió la transparencia del proceso y afirmó: “Nosotros obviamente hicimos toda la debida diligencia, esto que yo les digo tiene análisis financieros, tiene análisis jurídicos donde a detalle obviamente se analiza cada opción para determinar qué es lo mejor para el grupo Ecopetrol”.
Según su versión, la empresa actuó conforme a los procedimientos internos y no existió ninguna anomalía en la transacción.
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Sin embargo, la información exclusiva obtenida por W Radio muestra una realidad distinta. El 8 de noviembre de 2018, Rolando Correa Suescún, abogado senior del área jurídica de Ecopetrol —quien, según confirmó el medio, continúa vinculado a la empresa—, envió un correo electrónico a Carlos Andrés Puerta, entonces líder del área de Portafolio de Energías Renovables. En ese mensaje, Correa Suescún abordó directamente la cuestión de la opción de compra sobre las plantas Termomorichal, basándose en el contrato original que había sido cedido en 2016 por Meta Petroleum a Ecopetrol.
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El análisis jurídico interno, citado en los correos revisados por La W, respondía a la pregunta sobre si correspondía el pago de la opción de compra al finalizar el contrato.
El documento señalaba de manera explícita: “Si ECOPETROL S.A. no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”.
Esta conclusión se apoyaba en la naturaleza del contrato, de tipo BOOMT, el cual, según estándares internacionales, implica que al término del acuerdo los bienes se transfieren a la empresa operadora, ya que el pago de las tarifas durante la vigencia del contrato cubre la amortización de los activos.
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El contraste entre la postura pública de Riaño y el contenido de los correos internos es evidente. Mientras el vicepresidente de Energía insistió en que no existía irregularidad y que la adquisición de los activos no podía considerarse gratuita, los documentos internos de Ecopetrol establecían que, al no ejercer la opción de compra anticipada, la empresa no debía realizar ningún pago adicional al finalizar el contrato.
El trasfondo de este caso se remonta a la cesión del contrato por parte de Meta Petroleum a Ecopetrol en 2016, bajo la modalidad BOOMT. Este tipo de acuerdo estipula que, una vez cumplido el plazo contractual y amortizados los bienes mediante las tarifas pactadas, la transferencia de los activos no requiere pagos extra.
Así, la documentación interna de Ecopetrol contradice de forma directa la versión oficial y deja en claro que la supuesta obligación de pago adicional carecía de sustento jurídico, según el propio análisis de la compañía. La revelación de estos correos internos pone en duda la transparencia del proceso y la justificación del pago millonario por las plantas Termomorichal.
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Ecopetrol avanza en negociaciones confidenciales para posible adquisición de Canacol Energy
El posible avance de Ecopetrol en el fortalecimiento de su portafolio de gas natural ha quedado en evidencia tras la reciente confirmación de un acuerdo de confidencialidad con Canacol Energy, una empresa canadiense que enfoca sus operaciones en la exploración y explotación gasífera en Colombia.
Según declaraciones entregadas por Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, a Caracol Radio, este acuerdo constituye “un paso formal” que habilita el intercambio de información entre ambas compañías, abriendo la puerta a una potencial negociación que podría incluir la adquisición de la canadiense.
El contexto en el que se desarrollan estos acercamientos muestra la complejidad de la coyuntura energética en Colombia. De acuerdo con el Informe de Reservas y Recursos (IRR) 2024 del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país cuenta con apenas 7,2 años de reservas probadas de crudo y 5,9 años de gas natural.
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Un dato especialmente relevante es que si bien las reservas petroleras crecieron un leve 0,74% en el último año, las de gas natural disminuyeron 13%, pasando de 2.373 a 2.064 giga pies cúbicos, reflejando así un escenario de reducción en la autosuficiencia energética.