El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha estado en el ojo público por las decisiones que tomó en torno a los debates en el Congreso de la República. El 3 de septiembre de 2025, la entidad anunció la exclusión de Ana María Castañeda de la votación para elegir el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo que representó un giro inesperado en un proceso marcado por tensiones internas y maniobras de último momento.
La resolución del CNE anuló una medida cautelar previa que permitía a la senadora de Cambio Radical ejercer su derecho al voto. La Sala Plena resolvió “dejar sin efectos el Auto del 1° de septiembre de 2025, proferido por la magistrada Alba Lucía Velásquez mediante el cual rechazó de plano la recusación presentada por el ciudadano Germán Córdoba Ordóñez, dentro del expediente CNE-E-DG-2025-018881, al contravenir el reglamento interno del CNE. Lo anterior en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo quinto del Reglamento Interno de la Corporación, modificado por la Resolución 1043 de 2021”.
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Esta decisión, que contó con seis votos a favor y uno en contra, requirió la intervención de conjueces y fue respaldada por Álvaro Hernán Prada, Altus Baquero, Maritza Martínez, Álvaro Echeverry, Alfonso Campo y el conjuez Majer Abushihab.
La medida dejó sin efecto la autorización que la magistrada Alba Lucía Velásquez había otorgado el 2 de septiembre de 2025, permitiendo a Ana María Castañeda participar en la votación. Velásquez, identificada como cercana al presidente Gustavo Petro, había firmado una resolución que habilitaba a la senadora, pese a que el comité de ética de Cambio Radical le había retirado la voz y el voto en el Congreso por haber apoyado al Gobierno en contra de la línea de su bancada.
La exclusión de Castañeda fue clave para que el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fuera escogido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ya que la senadora tenía la intención de votar por Patricia Balanta, candidata vinculada al petrismo.
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Frente a la decisión de último momento del CNE, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar anunció en sus redes sociales una de las primeras acciones que llevará a cabo si llega a ganar las elecciones de 2026.
Para el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DNP), es fundamental desmontar la entidad, ya que la considera como un organismo poco eficiente, que no atiende las leyes.
“Entre las primeras reformas que presentaré al Congreso como Presidente de Colombia en 2026, está el desmonte del Consejo Nacional Electoral. Un ente inoperante que no se ciñe a normas jurídicas sino a conveniencias y manipulaciones políticas”, escribió en su cuenta de X.
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Así mismo, señaló que el CNE sería reemplazado por una institución en la que los magistrados no sean elegidos por la Rama Legislativa. “Debe ser reemplazado por una corte electoral cuyos magistrados no sean elegidos por el Congreso”.
La polémica política de drogas de Gustavo Bolívar
El precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló sobre cómo resolvería la problemática de la violencia que experimenta Colombia a causa del narcotráfico. Y aseguró que la única manera es legalizando la droga, porque de otra manera no se puede frenar la demanda.
“Si no se combate el consumo, nosotros vamos a ser víctimas toda la vida, no hay como arreglar ese problema, por eso yo he dicho en campaña que si no legalizamos las drogas vamos a estar hablando de esto dentro de cuatro o 30 años vamos a estar en las mismas”, dijo en entrevista con CNN.
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Sobre la política a implementar, Bolívar sostuvo que hay ejemplos de éxito en varias ciudades de Estados Unidos que han legalizado las drogas.