La defensa de Nicolás Petro Burgos solicitó el lunes 1 de septiembre al juez de conocimiento que no admita como prueba la declaración jurada que Daysuris “Day” Vásquez rindió ante la Fiscalía General de la Nación el 3 de marzo de 2023, en su propia vivienda. Esta intervención marca un punto crítico dentro de la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta contra el exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El abogado Alejandro Carranza, que representa a Nicolás Petro, centró su argumentación en la validez y legalidad de la diligencia que realizó el ente acusador en esa fecha. Según el defensor, dicha declaración se obtuvo sin las garantías procesales mínimas y constituye el punto de partida de toda la investigación penal que derivó en la captura de Nicolás Petro y de la propia Vásquez cuatro meses después.
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Carranza afirmó que “la Fiscalía llegó a la casa de Daysuris del Carmen Vásquez sin haber emitido citación previa, sin una orden judicial y sin garantizar la presencia de un abogado que la asistiera en el acto de autoincriminación que tuvo lugar”. Agregó que “no hubo tampoco un delegado del Ministerio Público que hiciera seguimiento a la diligencia”, situación que a su juicio vulnera los derechos fundamentales de la declarante y pone en entredicho la validez de la prueba recolectada.
Durante su intervención, el abogado mostró al juez un video de la diligencia realizada por la Fiscalía, en el que se observa a Vásquez sostener dos celulares. Carranza aseguró que ese registro muestra cómo ella transfiere información de un dispositivo a otro antes de entregar el quipo que recibió los datos a los funcionarios judiciales.
Defensa pide retirar otras pruebas por irregularidades judiciales
“Allí ella le menciona al fiscal lo que va a entregar y lo pasa al otro celular. ¿Por qué no le pidieron a Daysuris del Carmen entregar ese celular, sino que en una extraña maniobra le permiten que delante de ellos ella envíe la información de un teléfono al otro y se incaute o se reciba voluntariamente ese otro celular?”, expresó el defensor, que insistió en que este tipo de actuaciones generan dudas sobre la transparencia y el procedimiento de recolección de pruebas.
Carranza cuestionó, además, que si Day Vásquez realmente actuó con libertad al momento de rendir su testimonio: “No había ninguna citación, no había un plan metodológico para que ellos hubieran llegado allá. Sencillamente, le llegaron, le dijeron ‘venimos a tomarle una declaración jurada’ y le tomaron la declaración. Pero, además, iban con el perito informático y eso es algo que llama la atención, porque eso no debió ser así”.
Para el abogado defensor de Nicolás Petro, la diligencia no fue espontánea ni producto de una decisión libre de la ciudadana Vásquez, sino el resultado de una intervención ya diseñada por los investigadores: “Es la declarante la que voluntariamente, si hubiera podido consultar un abogado, había tenido que ir a una sede de la Fiscalía y, dependiendo de lo que dijera o no dijera, el fiscal ordenaba que un perito informático le ayudara a recaudar una información, pero todo estaba preconcebido”.
La defensa considera que las condiciones en que se obtuvo dicha declaración afectan su legalidad y que su contenido no debe ser valorado durante el juicio oral. Carranza insistió en que la Fiscalía no podía acudir directamente al domicilio de la declarante para obtener un testimonio que serviría como base de una imputación penal sin ofrecerle previamente asistencia jurídica.
En su intervención, el abogado también solicitó al juez excluir otros elementos probatorios que considera irregulares. Entre ellos, la inspección realizada por el investigador Víctor Forero a la Procuraduría General de la Nación, la cual, según Carranza, se realizó sin orden judicial y sin que existiera una colaboración formal entre las entidades involucradas; recordó que el exfuncionario actualmente se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en un caso de obstrucción a la justicia.
Carranza solicitó que se deseche una constancia de migración donde se registra el ingreso y salida del país de Nicolás Petro, argumentando que ese documento no tiene relación con los hechos por los que se le acusa.
“No hay en este proceso ninguna referencia a actividades financieras en el extranjero, por lo tanto, este documento no aporta nada al caso”, afirmó.
La audiencia preparatoria continuará el miércoles 3 de septiembre con la intervención del propio Nicolás Petro, que también expondrá al juez los elementos probatorios que considera deben excluirse del juicio oral.