Carlos Ramón González, exfuncionario vinculado al escándalo de la Ungrd, permanece en Nicaragua y enfrenta investigaciones judiciales y disciplinarias en Colombia.
Según su abogado, Iván Cancino, González se defiende sin necesidad de aparecer públicamente, mientras la Procuraduría indaga posibles irregularidades en los trámites que facilitaron su residencia en el país centroamericano, incluyendo su estadía en la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua.
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“Él para defenderse no necesita aparecer, para eso me tiene a mí”, afirmó Cancino en diálogo con W Radio, recalcando que cualquier conversación sobre el eventual retorno de González a Colombia es confidencial.
“Eso es un tema de absoluta reserva entre abogado y cliente, como cualquier tema que yo haya hablado con Carlos Ramón. Más cuando tengo la certeza de que en el juicio vamos a debatir todos los hechos y muchas cosas van a aclararse en el caso”, agregó.
El abogado reconoció que, aunque suele mantener contacto frecuente con su cliente, “en los últimos cinco o seis días” no ha tenido comunicación directa, coincidiendo con la intensificación de la polémica sobre su residencia y la especulación de que podría estar prófugo de la justicia.
La situación se complicó luego de que la Fiscalía impusiera una medida de aseguramiento contra González, antes de que se confirmara su residencia en Nicaragua.
La Procuraduría abrió una indagación preliminar para determinar si funcionarios de la Cancillería incurrieron en irregularidades al permitir o prorrogar su permanencia en el país centroamericano.
Entre los puntos bajo investigación está si se vulneraron protocolos para proteger la integridad de la función pública y si se facilitó la residencia de un investigado en condiciones irregulares, como la ocupación de la vivienda oficial de la Embajada de Colombia en Managua durante meses.
La polémica se profundizó luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera público un correo enviado a Nicaragua solicitando formalmente la extradición de González, generando presión sobre la Cancillería y sobre el procedimiento legal que podría permitir su regreso a Colombia.
El caso tomó un nuevo impulso cuando Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y precandidato presidencial, denunció ante la Corte Suprema de Justicia posibles irregularidades en la permanencia de González en Nicaragua.
Según Ruiz, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada en Managua habrían facilitado la protección diplomática del exfuncionario e incluso renovado su residencia, a pesar de la orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 1 de junio de 2025.
La denuncia involucra a la excanciller Laura Sarabia y al congresista León Fredy Muñoz, acusándolos de favorecer a González desde el aparato estatal.
“Usar la diplomacia para esconder a un prófugo de la justicia es una vergüenza nacional. La política exterior de este Gobierno se convirtió en cómplice de la corrupción, mientras los colombianos esperan justicia y transparencia”, afirmó Ruiz, quien tipificó los hechos como posibles delitos de favorecimiento, fraude a resolución judicial y traición diplomática.
La denuncia incluye pruebas como la cédula de residencia nicaragüense de González y una carta de la embajada colombiana dirigida a la Cancillería de Nicaragua, solicitando apoyo para renovar el permiso de estadía.
Ruiz pidió que la Corte Suprema investigue sin dilaciones y llamó a la ciudadanía a rechazar la impunidad.
El Gobierno respondió formalmente, a través del Ministerio de Justicia, informando que había solicitado a la Fiscalía iniciar los trámites de extradición de González desde Nicaragua.
La figura de Carlos Ramón González trasciende la de un funcionario común. Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, relacionados con contratos como la compra de cuarenta carrotanques para mitigar la crisis de agua en La Guajira.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura el 3 de julio de 2025, mientras que la Corte Suprema deberá decidir si abre investigación formal por los delitos de favorecimiento y fraude a resolución judicial.