El consumado magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el lunes 11 de agosto de 2025 tras batallar durante dos meses y cuatro días en la Fundación Santa Fe de Bogotá, víctima de dos impactos de bala en su cráneo, ha desatado una serie de interrogantes sobre quiénes son los autores intelectuales de su crimen. Y cuál será el castigo que recibirán los cuatro capturados hasta el momento.
Hasta el momento, solo han sido capturados Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias el Hermano, a los que el ente acusador les actualizó el punible endilgado a homicidio agravado, que podría traer consigo condenas de hasta 40 años de prisión, en caso de comprobarse su responsabilidad.
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Sin embargo, indagaciones que están por verificarse llevarían este caso a tentáculos de organizaciones al margen de la ley como la Segunda Marquetalia, cuyo cabecilla es Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y en la presunta participación de José Manuel Sierra Sabogal, “Zarco Aldinever”, como el determinador del magnicidio. Todo esto pese a que otras versiones indican que detrás del asesinato estaría el ELN.
Frente a estas hipótesis, el exfiscal General Francisco Barbosa, que en la actualidad ha presentado su nombre para ser candidato presidencial en los comicios de mayo de 2026, expresó sus inquietudes a cómo un proyecto de ley ,que fue radicado en la Cámara de Representantes por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, podría beneficiar -según explicó- a los asesinos de Uribe Turbay, que murió a los 39 años.
Cabe destacar que Montealegre señaló que esta hoja de ruta combinaría experiencias previas con nuevos mecanismos de negociación orientados a la justicia, verdad y reparación; y estableció que al ELN y las disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia se les otorgará un carácter político, mientras que a bandas criminales como el Clan del Golfo se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia distinto.
Esto incluiría, según indicó el funcionario, una serie de beneficios jurídicos únicamente si demuestran cooperación efectiva, entregan armas y contribuyen al desmantelamiento de sus estructuras. Del mismo modo, los incentivos contemplados están condicionados a compromisos verificables, como cesar ataques a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración efectiva.
En su momento, el ministro enfatizó que el objetivo no es premiar a los criminales, sino dotar al Estado de herramientas para terminar la violencia, proteger a las comunidades y consolidar la justicia, al asegurar que no se permitirá la impunidad y siempre existirá un mínimo de pena privativa de la libertad. Y explicó que proyecto recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal, antes de que inicie su trámite en el legislativo.
No obstante, para el extitular del ente acusador, la iniciativa que, en líneas generales, busca impulsar la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, podría crear un escenario de impunidad; a tal punto de que los asesinos de Uribe Turbay podrían quedar libres. Así lo expresó en diálogo con Infobae Colombia, en la que se opuso al marco jurídico para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales.
Infobae Colombia: Usted como fiscal General fue uno de los principales opositores de la política de Paz Total e hizo algunos reparos en la decisión de levantar órdenes de captura de algunos miembros de las organizaciones criminales. ¿Cómo ve el panorama ahora que se está proponiendo con el proyecto de crear una ley de sometimiento?
Francisco Barbosa: pues es la misma propuesta. El Gobierno actual, a través del Ministro de Justicia, está presentando la misma iniciativa para tratar de beneficiar a organizaciones criminales. Quieren hacer el mayor lavado de activos en la historia de Colombia. Les quieren entregar el 12% de los bienes a los narcotraficantes y beneficiar a todos los delincuentes que destruyeron las ciudades en el estallido social, con una reducción del 70% de sus penas.
Entonces, aquí lo que hay es una apuesta para sacar la gente de las cárceles. Y le pongo este caso que no he dicho públicamente, pero que es importante con respecto a la iniciativa que presentó el ministro Montealegre y el Gobierno Petro: los criminales que asesinaron a Miguel Uribe podrían salir de la cárcel.
Explíquenos en profundidad su postura...
Ellos pertenecen seguramente organizaciones criminales y podrán utilizar esas normas para beneficiarse en la aplicación de penas. Donde eso se llegue a aprobar en el Congreso, es decir, tendríamos a un candidato presidencial asesinado y a los criminales haciendo política en la calle.
¿Hablamos de los autores intelectuales de este magnicidio?
Los intelectuales y los materiales, porque si ellos pertenecen a organizaciones criminales, a la luz de las normas que se presentaron o ese proyecto que se presentó en el Congreso, podrían utilizarse esas normas como un mecanismo de beneficio y de principio, si se quiere, para esas organizaciones por cuenta de lo que de lo que se está presentando. Es el mundo al revés; es decir, hoy estamos ante un hecho de este nivel y mientras tanto el Gobierno nacional, en vez de salir y reivindicar la lucha por la justicia en Colombia, lo hace por los criminales.
¿Qué concepto le merece el término gestor de paz?
Bueno, es un eufemismo, un engaño que se le ha dado a la gente para decir para sacar gente de las cárceles. Es básicamente el mecanismo que ha utilizado el presidente Petro y las normas legales aprobadas para tratar de beneficiar personas que básicamente no han legítimamente abandonado su actividad criminal.
La paz siempre es un valor constitucional y social laudable. Es importante hablar de paz, pero la paz usted no la puede poner por encima de todos los valores constitucionales que también aparecen allí en carta política. Por ende, la paz se llega con unos valores, fortaleza y seguridad, y con inclusión social; pero no puede ser posible que estemos todo el tiempo pensando en que hay que invocar la paz para sacar gente de las cárceles.