La seguridad de los colombianos es una de las prioridades que ha destacado sobre su labor el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se ha comprometido a fortalecer varios aspectos con la ayuda de la fuerza pública.
En primera instancia, Sánchez ha dejado en claro que es necesario que los uniformados en el territorio nacional tengan las garantías suficientes para llevar a cabo sus labores de manera efectiva.
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Es por ello que el 30 de julio, el Ministerio de Defensa radicó ante el Congreso de la República cuatro iniciativas para modernizar el marco jurídico de la seguridad nacional y mejorar las condiciones de la fuerza pública ante los nuevos desafíos.
“Estas iniciativas están formuladas para fortalecer la seguridad nacional, mejorar el bienestar de nuestra Fuerza Pública y adaptar el marco jurídico a los nuevos desafíos tecnológicos,” declaró el ministro de Defensa.
Estos son los proyectos presentados
En el primero se enfocan en una ley sobre sistemas de aeronaves no tripuladas y sistemas de contramedidas, con el que se busca tener un control de drones de importación y fabricación.
Se trata de una respuesta al aumento del 138% en ataques con estos artefactos por parte de los grupos armados en lo corrido del 2025, que hasta la fecha han dejado ocho uniformados asesinados y 77 heridos.
El ministerio propone que exista un control de registros nacionales junto con la Dian para tener claridad de la importación de estos elementos y quienes los adquieren.
De la misma forma, se establecerán multas de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes ($760.000) y el decomiso de sistemas por comportamientos contrarios a la convivencia.
También incluiría una modificación al artículo 343 del Código Penal, con la que se permitirá juzgar por terrorismo a quienes afecten a la población civil con ataques de drones, con penas de 32 a 90 meses de prisión y multas de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En segundo lugar, el ministerio busca que el Estado colombiano tenga un marco jurídico especifico para hablar sobre defensa nacional, para consolidar la “supremacía del poder civil” y garantizar la participación de todos los actores estatales y sociales, y fortalecer el engranaje institucional.
Se propone la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional, este último como el máximo órgano asesor del presidente de la República en materia de defensa nacional.
En tercer lugar, se buscará la creación de un estatuto para los soldados profesionales e infantes de la marina. Esta iniciativa tiene como objetivo dignificar las condiciones laborales y personales de los soldados e infantes, actualizando su régimen laboral después de 23 años.
El proyecto busca fortalecer la protección de sus derechos y mejorar sus condiciones laborales, adaptando el régimen a las necesidades actuales. Entre los aspectos clave, se establece un nuevo régimen de carrera con una bonificación mensual que pasa del 33% al 50% del salario mínimo legal vigente durante la formación. También se definen distinciones, condecoraciones y ascensos póstumos, incluyendo el ascenso póstumo al primer grado de suboficial para quienes fallezcan en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.
Por último, el cuarto proyecto se basa en fortalecer la caja promotora de vivienda militar de la policía, con la que se buscará facultar la junta directiva y establecer montos de subsidios con criterios de equidad y sostenibilidad financiera.
La idea con esta estrategia es que se amplíe el objeto de caja honor de la fuerza pública y se ofrezcan productos como créditos de educación y libre inversión.
Desde el Ministerio de Defensa informaron que esperan que estas iniciativas sean discutidas y aprobadas en el Congreso de la República, como una muestra del compromiso por la seguridad y el bienestar de los uniformados en el territorio nacional.