La tensión entre los productores arroceros y el presidente de la República, Gustavo Petro, registró en la tarde del viernes 25 de julio de 2025 un nuevo capítulo, pese a que se lograron acuerdos para poner fin al paro que durante 10 días se llevó a cabo en departamentos como Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Santander y Norte de Santander. Un cese de actividades que obligó al Ejecutivo a sentarse a la mesa y definir una serie de medidas urgentes.
Y es que luego de que el jefe de Estado acusó a las organizaciones del sector de estar “politizando” la movilización y responsabilizó a las autoridades locales de facilitar los bloqueos, la respuesta del gremio no tardó en llegar. Y con un duro comunicado se refirieron a los señalamientos que habría hecho el gobernante, al que le hicieron un contundente llamado. “No mienta y no intimide”, respondieron los productores, que desestimaron las graves acusaciones.
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Las declaraciones de Petro que aseguró que detrás del paro existían intereses políticos y el respaldo de organizaciones como Dignidad Agropecuaria, alimentaron el descontento; todo esto frente al deterioro del sector. Para los arroceros, la crisis actual del grano justifica, por sí sola, la magnitud de la protesta. “El paro arrocero es legítimo, no político. Fue una respuesta justa y necesaria de los productores a la crítica situación que atraviesa el sector”, indicaron.
Según los manifestantes, miles de familias campesinas enfrentan una caída sostenida del precio de compra del arroz y un aumento de los costos de producción, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional.
Gustavo Petro y sus insinuaciones sobre los intereses ocultos en el paro arrocero
El conflicto sumó un nuevo episodio cuando el presidente señaló a varios mandatarios locales y regionales, entre ellos estaría la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, de estar involucrados en la organización del paro y en el uso de maquinaria oficial para promover bloqueos viales. A su vez, de excongresistas como Jorge Enrique Robledo, que hace parte del partido Dignidad y Compromiso, y otros personajes políticos en Casanare, Arauca y el centro del país.
“Este informe ciudadano dice que alcaldes y gobernadores de oposición ponen la maquinaria que el Gobierno les da para bloquear carreteras. Solicito a la Procuraduría investigar estas irregularidades. Usaré la constitución si es necesario contra ese proceder”, señaló el primer mandatario, al compartir un video del representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Toro, que a su vez hizo graves denuncias a un grupo de políticos del territorio nacional.
“Rechazamos enfáticamente las acusaciones infundadas contra la Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, a quien el presidente ha tildado de promover bloqueos y politizar el paro. La mandataria departamental ha demostrado, con hechos y gestión, su compromiso con el sector arrocero, actuando como puente para facilitar un diálogo constructivo con el Gobierno Nacional, y nunca como promotora de desórdenes”, indicaron desde el sector arrocero en su pronunciamiento.
En ese orden de ideas, insistieron en la necesidad de respeto institucional. “El presidente debe actuar con responsabilidad institucional y no deslegitimar a los mandatarios locales por el solo hecho de no coincidir con sus opiniones”, advirtieron los arroceros. Para ellos, la relación entre el poder central y las regiones debe basarse en el intercambio democrático, no en “señalamientos temerarios ni estrategias de intimidación”.
A esta posición, se sumó la de la gobernadora Matiz, que le habló duro al presidente. “Los arroceros son colombianos que luchan por sobrevivir en el mercado salvaje, sin protección del Gobierno y con grandes desventajas. Es inaudito que usted, ‘el presidente de las libertades y el cambio’, descalifique la protesta de este sector con mentiras e infamias. No mienta, desde la mentira no amenace y con su poder no intimide”, arremetió la mandataria seccional.
La postura de Gustavo Petro sobre la crisis del sector arrocero: habló del cartel que hay detrás
Según cifras del gremio, alrededor de 10.000 familias dependen de este cultivo en la región, y la constante presión sobre los precios y los insumos provocó una disminución importante en sus ingresos durante los últimos años. “Hoy, más que nunca, respaldamos a quienes trabajan por el campo colombiano y exigimos al Gobierno un trato digno y responsable hacia los líderes regionales y los sectores productivos”, fue el mensaje de los productores en su comunicado.
Por su parte, Petro, en otro polémico post en sus redes sociales, intentó retratar la visión sobre el problema apunta a la estructura de poder en la industria del arroz. “La discusión arrocera es: ¿quién es el dueño de la industrialización del arroz? Si no son los productores directos, les imponen un monopsonio, es decir, un precio de monopolio desde la demanda que es un cartel de molineros”, afirmó el primer mandatario en su publicación, que incentivó la discusión.
Según el mandatario, está interesado en romper ese esquema tradicional. “Ponemos todo nuestro apoyo financiero en romper el cartel monopsónico (único comprador). Si los productores se organizan por regiones en cooperativas, a las cuales les daremos recursos del Banco Agrario con tasas de interés subsidiada y garantías, para construir plantas molineras que sean propiedad de los productores directos, lograremos que sea imposible manipular el precio”, reseñó.
A la fecha, los arroceros esperan la materialización de esa propuesta. Hay quienes temen que el ambiente de confrontación dificulte la búsqueda de soluciones estructurales, mientras persiste la inseguridad sobre el futuro de la agroindustria regional, y angustian demoras ni distracciones políticas En respuesta, el mandatario ha insistido en que la transformación debe venir desde la organización productiva y la ruptura del control molinero.