En medio de la polémica por el trato que han recibido exjefes de estructuras criminales y la posibilidad de que otros condenados se sumen a los proyectos de Paz Urbana como parte de la Paz Total que busca el Gobierno nacional, ha comenzado una nueva polémica por una serie de beneficios que podrían recibir estos individuos.
El 17 de julio, El Tiempo reveló detalles de una propuesta elaborada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que abriría puertas jurídicas para los jefes de grupos criminales que se sumen a las iniciativas de paz.
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Entre los puntos más cuestionados está el beneficio de libertad condicional para aquellos que cumplan entre cinco y ocho años de prisión y comiencen un proceso de sometimiento judicial.
El medio citado comparó el proyecto con lo registrado durante el proceso de paz con las AUC y lo que se consolidó con la Ley de Justicia y Paz; puesto que también se propondrá que algunos condenados paguen su castigo en colonias agrícolas, casa étnicas y centros de “armonización”.
Entre las condiciones para ingresar a la Paz Total se tendrá en cuenta la entrega total de armas, bienes ilegales, la liberación de menores reclutados y secuestrados, la participación en proyectos de transformación y los certificados de buena conducta que serán expedidos por el Alto Comisionado para la Paz.
De acuerdo con el medio citado, el objetivo del Ministerio de Justicia será “facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas en el marco de diálogos o acuerdos con el Gobierno nacional”.
De la misma forma, se informó que las cabezas de la rama judicial han sido convocadas para conocer detalles de la iniciativa que será presentada al Congreso de la República el 20 de julio, en el que se buscará que el 15% de los bienes entregados o intervenidos sean utilizados para proyectos liderados por los condenados, mientras que el 65% será para reparar a las víctimas del conflicto interno en el país.
Figuras políticas arremetieron contra el Gobierno nacional
De manera inmediata, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que ha sido crítico del presidente Gustavo Petro y sus políticas de paz, arremetió contra el Gobierno nacional y la intención de negociar de esa forma con jefes y exjefes de grupos criminales.
“La “paz total” no es más que la rendición del Estado ante los criminales, por medio de un gobierno que ha preferido privilegiarlos y subirlos a tarimas para exaltarlos en lugar de enfrentarlos. Un golpe más a la moral de la Fuerza Pública”, escribió Beltrán en su cuenta de X.
En un evento público, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, también se refirió a la política expuesta, cuestionando que el presidente no tenga ideas similares, pero para ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes en el país.
“Todo lo que sea criminalidad y violar la ley le encanta al presidente Petro. Todo el que sea bandido está seguro en el número favorito del teléfono del presidente Petro. Se reúne con ellos, los sube a la tarima, les ofrece libertad. ¿Cómo van a decir a mí que los proyectos de ley hoy son para sacar a bandidos de la cárcel y no para darle más oportunidades, por ejemplo, a los jóvenes?”.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal también arremetió contra lo expuesto por el medio citado, asegurando que la intención del Gobierno nacional no es ligada a la justicia, sino a la complicidad con los grupos delincuenciales.
“Esto no es justicia. Es complicidad. Es la manera en la que Gustavo Petro busca proteger a sus aliados criminales y evitar que sean extraditados a los Estados Unidos, donde si enfrentarían penas ejemplares. Pretenden disfrazar esta burla a las víctimas como “paz total”, cuando en realidad es una paz a la medida de los narcos. Con este gobierno, la justicia se somete a los capos".