El 7 de julio de 2025, seis excomandantes del último Secretariado de las extintas Farc entregaron un documento de más de 450 páginas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que reconocen su responsabilidad colectiva por el reclutamiento forzado de menores de edad durante el conflicto armado colombiano.
El texto fue presentado como respuesta formal al Auto 005 de 2024, emitido en el marco del Macrocaso 07, y constituye un paso clave en el proceso judicial que investiga uno de los crímenes más sensibles cometidos por esa organización insurgente.
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El reconocimiento fue firmado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Joaquín Gómez.
Uno de los casos que ayuda a ilustrar el impacto de esta práctica es el de Marcelino Cárdenas, quien fue reclutado por las Farc a los 14 años. Su historia fue documentada por el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, en marzo de 2022.
Antes de ingresar a la guerrilla, Marcelino trabajaba con su familia en el campo. La Policía lo detenía con frecuencia cuando iba al pueblo, sospechando que colaboraban con los insurgentes. “Un día me dijeron: si lo volvemos a ver por acá, lo vamos a entregar a los paramilitares para que lo maten”, relató.
Según su testimonio, fue obligado a unirse al frente 53 de las Farc, comandado por alias Romaña, uno de los jefes más temidos de la guerrilla. Además, confesó que una de las razones que lo impulsó a entrar fue la esperanza de encontrar a su hermana, quien también había sido reclutada.
Tan solo 21 días después de su incorporación, recibió una ráfaga de disparos que lo dejó gravemente herido.
“No sentía los pies ni el brazo”, relató ante las cámaras del medio citado. Como adulto, intenta reconstruir su experiencia a través de un cómic en el que narra los momentos más duros de su paso por la guerra.
Marcelino lo creó para narrar con sus propias palabras y dibujos las “gracias y desgracias” de haber sido un niño guerrillero, con la intención de contribuir a la memoria histórica y a la prevención del reclutamiento forzado. Además, en el 2022 se postuló para el Senado de la República.
Según cifras de la JEP, entre 1996 y 2006 al menos 18.677 menores fueron reclutados por las Farc. Muchos de ellos fueron víctimas de violencia sexual, trabajos forzados, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
La Sala de Reconocimiento de Verdad subrayó que el impacto del reclutamiento forzado no se limita al tiempo de permanencia en la guerrilla, sino que afecta la salud física, emocional y el desarrollo personal de las víctimas a largo plazo.
Excomandantes de las Farc aceptaron su responsabilidad
En su respuesta ante la JEP, los excomandantes admitieron que existió una política de reclutamiento de adolescentes entre 15 y 17 años, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional desde 2005.
Sin embargo, argumentaron que el reclutamiento de menores de 15 años no fue una política institucionalizada, sino una consecuencia de “falta de control efectivo”. Por lo tanto, aceptaron responsabilidad por omisión, pero rechazaron la tipificación como coautores mediatos.
El documento también incluye observaciones jurídicas en las que se impugna la forma en que la JEP ha construido los patrones macrocriminales y el alcance de algunas imputaciones, como los delitos de tortura.
Los firmantes alegan que algunos hechos ya están tipificados como “malos tratos” o “ultrajes a la dignidad personal”, y que no deben ser tratados como tortura por separado para evitar una doble imputación.
En él, los exjefes califican el reclutamiento como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”, y expresan su compromiso con los principios de verdad, reparación y no repetición.
Pese a estas reservas, los comparecientes ratificaron su intención de contribuir a la reparación simbólica y material de las víctimas.
Entre las acciones mencionadas están su participación en actos de memoria histórica, como los realizados en el Club El Nogal —donde la guerrilla ejecutó un atentado en 2003—, su apoyo al desminado humanitario, la colaboración con organizaciones de víctimas como Revipaz y la presentación de propuestas legislativas a favor de poblaciones excluidas.
Además de rechazar una actuación criminal sistemática, los comparecientes plantearon que el reclutamiento y otros delitos fueron resultado del contexto de guerra, la imposición de una disciplina militar no adaptada a la infancia y la ausencia de control efectivo, más que de una política deliberada de victimización.
“Lo que se configura es una falta de control efectivo o una omisión por parte de los mandos en la ejecución", sentenciaron.
La JEP deberá determinar si este reconocimiento cumple con los estándares del sistema de justicia transicional y si constituye un aporte suficiente para avanzar hacia las resoluciones de conclusión y las posibles sanciones restaurativas.
Para ello contrastará las afirmaciones de los excomandantes con los testimonios de las víctimas, los informes periciales y la documentación recolectada en los últimos años.