El presidente Gustavo Petro anunció su intención de convocar a una asamblea nacional constituyente en Colombia, una propuesta que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de modificar la Constitución Política de 1991 para abordar temas como la educación y la reforma agraria.
Esta declaración surge poco después de que el Congreso de la República aprobara la reforma laboral, un hecho que revivió el debate sobre la viabilidad y el proceso necesario para llevar a cabo una transformación constitucional de tal magnitud.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la actual administración planea que la constituyente sea en marzo de 2026, junto con las elecciones al Congreso de la República.
Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, Luisa Fernanda García, profesora de la Universidad del Rosario y experta en derecho constitucional, y el abogado Miguel Galindez, coincidieron en que la asamblea nacional constituyente mencionada por el Gobierno Petro no podría desarrollarse en los próximos comicios.
El procedimiento para convocar una asamblea nacional constituyente comienza en el Congreso de la República. Es necesario que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueben la iniciativa con mayorías absolutas. Solo después de esta aprobación legislativa, la propuesta puede pasar a consulta popular, lo que implica incluir una papeleta en las elecciones para que los ciudadanos voten sobre los cambios propuestos. Este proceso, aunque claramente definido, presenta desafíos significativos en términos de tiempos y consensos políticos.
El abogado Miguel Galindez señaló la importancia del papel del Congreso en este proceso. En sus palabras, “el Congreso de la República es quien convoca y permite que a través de una norma se establezca la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Son los congresistas los que tienen la legitimidad para convocar esa asamblea, no el presidente de la República”. Esta afirmación pone de relieve que la iniciativa presidencial, por sí sola, no basta para activar el mecanismo constituyente; se requiere un respaldo institucional y democrático que solo el Congreso puede otorgar.
A pesar de la claridad del procedimiento, los expertos advirtieron que los tiempos políticos y electorales actuales dificultan la materialización de la propuesta antes de las próximas elecciones. La profesora García explicó que “esto requiere de unos tiempos, que realmente no alcanzan a darse debido a que las elecciones se avecinan el próximo año. Entonces no podrían meter una papeleta en las urnas de las elecciones”. Este análisis sugiere que, aunque el debate sobre la asamblea nacional constituyente pueda continuar, su implementación inmediata resulta inviable.
De igual manera, la abogada García expresó sus dudas sobre la justificación de este mecanismo, argumentando que las propuestas del presidente Petro ya han sido presentadas a través de reformas legislativas.
“En este momento realmente no amerita y no habría razones para hacer una urna para que se pongan unas papeletas y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, aquí lo que vemos es que el presidente está pensando que una constituyente sería la solución a muchas cosas y habría que mirar cuáles son los temas que él propone, porque realmente no hay que reformar la Constitución para hacer reformas sociales. Eso se puede pasar por leyes que puede aprobar el Congreso”, precisó la docente al medio citado.
Bajo la misma línea, el abogado Galindez coincidió en la inviabilidad de la propuesta en el corto plazo, tanto por razones de tiempo como por la necesidad de aprobación legislativa. “Yo creería que sería inviable, no solamente por los tiempos, sino porque tiene que haber una aprobación del Congreso antes de convocar a la asamblea nacional constituyente”, afirmó el experto, reforzando la idea de que el proceso está sujeto a controles y equilibrios institucionales que no pueden soslayarse.