Con una agenda centrada en la vigilancia de los recursos públicos, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, comunicó que sigue consolidando su carrera política denunciando irregularidades en la contratación estatal.
El funcionario afirmó que “la corrupción sí es el gran problema del país” y que afecta a todas las orillas políticas.
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Según él, “ocho de cada diez contratos se entregan a dedo”, lo que evidencia que la licitación pública se convirtió en la excepción, dijo en una conversación con la periodista María Isabel Rueda.
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Sobre cómo logra obtener información, al parecer difícil de conseguir, el cabildante capitalino dijo que basa gran parte de sus investigaciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), plataforma que convirtió en herramienta clave de control ciudadano.
“El Secop es una cosa muy aburrida que logramos poner de moda”, explicó, pero advirtió que no es fácil de usar, ya que “hay que saber buscar. Por ejemplo, si no se pone tilde en alcaldía, no aparece la información”.
Según él, estas “trampas” las diseñan funcionarios públicos para esconder datos.
Briceño denunció también el uso de los contratos para crear “una gran nómina paralela”, especialmente mediante servicios jurídicos. Como ejemplo, citó el caso del pastor Alfredo Saade, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la que recibió 257 millones de pesos sin cumplir funciones reales, como afirmó en el diálogo.
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“Era una absoluta corbata. No revisaba absolutamente nada”, sostuvo, y agregó que Saade “copiaba y pegaba informes de otro contratista”, dijo.
Presuntos contratos irregulares de Eduardo Montealegre, ministro de Justicia de Gustavo Petro
Briceño también cuestionó los contratos millonarios del hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por casi 1.800 millones de pesos durante el gobierno Petro.
Durante el diálogo, el concejal bogotano afirmó que “Montealegre, que es hoy la cabeza jurídica, literalmente, de todo este adefesio, tanto de la consulta popular como de la tal asamblea nacional constituyente, ha sido uno de los grandes contratistas del Gobierno“.
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Habló sobre presuntas defensas del ministro de Justicia a Hollman Morris, que dirige Rtvc, que resultarían en millonarios contratos y una actuación de aparente persecución en contra de opositores.
Incluso, anotó amenazas en contra del registrador. “Hoy, como ministro de Justicia, está ejerciendo una posición muy preocupante actuando de persecutor: acaba de amenazar al Registrador con una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía solo porque el doctor Penagos quiso esperar el concepto del Consejo de Estado sobre el «decretazo», actuando totalmente en derecho", dijo.
Otros hallazgos
Briceño, adicionalmente, señaló presuntas irregularidades en la designación del magistrado Héctor Carvajal, contratista del Estado y abogado personal de Gustavo Petro.
Cuestionó su relación con figuras de diversas corrientes políticas y los vínculos de su familia con el Estado: “Su hija fue nombrada cónsul en Barcelona y solo acreditó unos semestres de diseño de modas”.
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Para combatir este panorama, Briceño promueve una red ciudadana de vigilancia. Según dijo, ha formado a más de 4.500 personas en todo el país con un curso gratuito sobre cómo vigilar contratos públicos y manejar bases de datos. “Tenemos que aprender a revisar la contratación y, sobre todo, aprender a denunciar”, concluyó.
“Hemos avanzado desentrañando las mañas de funcionarios para que no encontremos la información ni sus rastros (...) Por ejemplo, usted para encontrar información sobre contratos del Ministerio del Trabajo en Secop tiene que escribir hoy mintrabajo/*. Si no busca eso así, no los va a encontrar”, dijo en la conversación.
Aún así, el funcionario puso en relieve las dificcultades que tienen quienes quieren ejercer un control, sobre la contratación pública, en especial, para dilucidar la información que es poco concreta.
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“Sí, claro. Y usted encuentra que hay un manejo para contratar personas que es como una gran nómina paralela, sobre todo, en la prestación de servicios profesionales jurídicos. No se puede permitir que a su amparo hagan lo que les dé la gana”, comentó.