Después de casi tres décadas de disputas legales y administrativas, el conflicto por los límites territoriales entre Barranquilla y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, volvió a ser objeto de atención.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que retome el proceso de deslinde en la zona conocida como el “corredor universitario”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp
Este territorio, de más de 1.400 hectáreas, es clave para el desarrollo urbano y económico de la región. El Ministerio Público enfatizó en la necesidad de establecer un límite provisional mientras el Congreso de la República define la frontera definitiva.
PUBLICIDAD
El conflicto se originó en los años 90, cuando la Asamblea Departamental del Atlántico incorporó estas hectáreas al municipio de Puerto Colombia.
Sin embargo, esta decisión fue anulada por el Consejo de Estado, que confirmó un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, declarando ilegal la modificación de los límites sin la intervención del Congreso. Desde entonces, la disputa ha permanecido sin resolución, afectando la gestión administrativa y el desarrollo de la zona.
Según explicó la Procuraduría, el proceso de deslinde, que había sido iniciado por el Igac, fue suspendido tras un derecho de petición presentado por el Distrito de Barranquilla.
PUBLICIDAD
Este recurso argumentaba vacíos en el procedimiento y solicitaba su archivo. La suspensión dejó en un limbo jurídico y administrativo a una región que alberga universidades, conjuntos residenciales, centros médicos y zonas de expansión urbana, generando incertidumbre tanto para los habitantes como para los inversionistas.
Ante esta situación, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de reactivar el diálogo entre las partes involucradas. En su exhortación, instó al Igac a continuar con el proceso de deslinde y a fijar un límite transitorio que permita destrabar la gestión territorial mientras el Congreso define los límites de manera definitiva.
“Esta iniciativa busca promover el diálogo y la construcción de consensos entre las partes involucradas”, señaló el Ministerio Público.
El conflicto no solo ha generado tensiones entre las autoridades de Barranquilla y Puerto Colombia, sino que ha tenido repercusiones prácticas en la vida cotidiana de los habitantes de la zona.
PUBLICIDAD
Entre los problemas reportados se encuentran predios con doble registro fiscal, proyectos de inversión detenidos por falta de claridad jurídica y dificultades para coordinar políticas públicas en áreas como seguridad, educación y movilidad.
Desde Barranquilla, las autoridades argumentaron que el Igac no puede avanzar en el proceso de deslinde sin que primero se determine si existe una superposición legítima de competencias. Por su parte, Puerto Colombia ha defendido su derecho histórico sobre la zona y ha solicitado que se respete la decisión de la Asamblea Departamental, a pesar de los fallos judiciales en su contra.
La Procuraduría también hizo un llamado a las autoridades locales para que asuman con responsabilidad los acercamientos necesarios y trabajen en conjunto para encontrar una solución definitiva. “Es fundamental eliminar la incertidumbre que hoy afecta la gestión territorial en la zona”, subrayó el Ministerio Público.
PUBLICIDAD
El corredor universitario, epicentro de esta controversia, sigue siendo una pieza estratégica para el desarrollo del Atlántico. Sin embargo, su potencial se ve limitado por la falta de una definición clara de los límites territoriales.
La intervención de la Procuraduría busca destrabar el conflicto y avanzar hacia una solución que permita garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de la región.
Mientras tanto, la resolución definitiva del conflicto depende del Congreso de la República, única entidad con la facultad de modificar formalmente los límites entre municipios.
PUBLICIDAD
La Procuraduría insistió en la necesidad de que el Congreso asuma su responsabilidad en este caso, mientras las entidades técnicas, como el Igac, brindan las herramientas necesarias para una definición transparente y legítima de los límites.
La situación actual refleja la complejidad de los conflictos territoriales en Colombia, donde las disputas por límites no solo afectan la gobernabilidad, sino el desarrollo económico y social de las regiones involucradas.
La zona del corredor universitario, con su importancia estratégica, sigue siendo un ejemplo de cómo la falta de claridad en la delimitación territorial puede generar tensiones y obstaculizar el progreso.
PUBLICIDAD