Hay preocupación en la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), luego de que surgiera una riesgosa tendencia que perjudica la salud de adolescentes y jóvenes en el país.
Se trata de la adquisición y mezcla sin control de medicamentos de venta libre, lo que se puede convertir en un problema de salud pública.
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Al respecto, Greison Camargo, vocero de Asocoldro, advirtió sobre la disponibilidad masiva de fármacos en establecimientos informales conocidos como “sanandresitos”, donde menores de edad pueden comprar distintos productos sin mayores restricciones.
Camargo señaló que desde que en 2005 se flexibilizó la venta de medicamentos, la falta de regulación ha facilitado que niños y adolescentes consigan estos productos en comercios no autorizados, los mezclen y los consuman de manera peligrosa.
“La preocupación es grande, estamos encontrando que los jóvenes se les ocurrió la idea de mezclar los medicamentos. Desde el año 2005 se permitió la venta libre de medicamentos, esto conllevo a un desorden, porque hoy en día los medicamentos se pueden conseguir con venta libre”, explicó Camargo, en declaraciones a Caracol Radio.
El vocero explicó que los jóvenes mezclan medicamentos como quetamina, zopiclona y mareol, en su mayoría inhalados, y que esta práctica ya ha sido reportada tanto al Ministerio de Salud como a otras autoridades.
De acuerdo con Camargo, se han detectado casos en los que adolescentes, algunos de apenas doce años, mezclan fármacos como la dihidrocodeína con bebidas gaseosas para lograr efectos psicoactivos similares a una intoxicación etílica.
“Los muchachos entre los doce y diecisiete años, hemos encontrado que los vienen haciendo. Hay un medicamento que se llama Dihidrocodeina y lo que hacen es mezclarlos con gaseosa y se lo toman y con eso se están embriagando”, agregó en la entrevista.
Asocoldro pidió a las autoridades que adopten medidas más estrictas, incluida la derogación del decreto 3050, con el fin de que la venta de estos productos solo pueda realizarse en farmacias y droguerías habilitadas, bajo supervisión de personal calificado. “La policía nos podrá ayudar hacer un mayor control y se podría mitigar y acabar el problema de raíz”, recalcó.
Asimismo, la asociación ofreció su colaboración para el desarrollo de campañas preventivas, advirtiendo que el abuso de estos medicamentos puede generar daños severos en el sistema nervioso debido a la modificación de los compuestos activos cuando son mezclados de forma inapropiada.
El llamado fue acompañado por una invitación a fortalecer los controles policiales y a sumar esfuerzos entre instituciones para frenar una práctica que, de continuar creciendo, podría convertirse en un problema sanitario de gran magnitud.
“El gremio tiene toda la disposición de contribuir en campañas preventivas para evitar situaciones de riesgo. Estos medicamentos atacan el sistema nervioso y al hacer esta mezcla lo que sucede es que se modifican los compuestos activos, el ataque al sistema nervioso es mucho más alto”, finalizó el vocero.
La Personería de Montería denuncia incumplimientos en la entrega de medicamentos
El 17 de junio de 2025, se conoció que la Personería de Montería pidió la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud ante el reiterado incumplimiento de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) y prestadores farmacéuticos en la ciudad.
Mediante un comunicado, la entidad informó que cientos de usuarios enfrentan retrasos y desabastecimientos en la entrega de medicamentos, una problemática que ha sido objeto de seguimiento durante varios meses.
Y es que la Personería remitió el 10 de junio un informe detallado a la Supersalud, en el que recopila evidencias como actas de reuniones con las EPS, copias de acciones judiciales y registros de visitas a diferentes puntos de dispensación. Según la entidad, se han detectado numerosas irregularidades en el suministro de medicamentos y la atención a los usuarios.
Entre las principales afectaciones señaladas por la Personería, destacan los retrasos en la entrega de fármacos, lo que interrumpe tratamientos vitales; desabastecimiento frecuente sin respuestas claras por parte de las entidades responsables; entregas parciales de la medicación prescrita y falta de información oportuna sobre el estado de los pedidos.