El abogado Miguel Ángel del Río enfrentó un revés judicial en su intento de obtener beneficios legales para el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien buscaba acogerse a la figura de colaboración eficaz en el marco de la “justicia premial” promovida por la fiscal general Luz Adriana Camargo. El Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la solicitud, argumentando que los delitos por los cuales Monsalve fue condenado lo excluyen de cualquier tipo de beneficio judicial.
Del Río presentó un memorial solicitando formalmente que se reconociera la colaboración de Monsalve en el proceso penal contra el abogado Diego Cadena, que enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el documento, el abogado argumentó que su cliente había brindado información relevante a la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior.
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“Miguel Ángel del Río Malo, actuando en calidad de apoderado judicial del señor Juan Guillermo Monsalve, por medio del presente memorial me permito formalmente solicitar la aprobación del beneficio por colaboración eficaz brindada por mi prohijado a la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior en el interior del proceso penal seguido en contra del señor Diego Javier Cadena Ramírez”, señaló el oficio firmado por el jurista.
El intento del litigante para reducir la pena de Monsalve Fue desestimado por el juzgado, que determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales debido a la naturaleza de los delitos cometidos por el ex líder paramilitar, reveló Semana.
El fallo judicial subrayó que la ley colombiana prohíbe otorgar beneficios judiciales a personas condenadas por delitos relacionados con el secuestro. En este sentido, el despacho judicial señaló que Monsalve, según múltiples declaraciones y pruebas revisadas, era el cabecilla de una organización dedicada al secuestro extorsivo.
“El despacho advierte que de la constatación de la norma superior con las sentencias proferidas en contra de Juan Guillermo Monsalve se evidencia que estamos frente a una prohibición legal para el otorgamiento de dicho beneficio, pues nótese como la norma hace referencia a que de estos beneficios queda excluido el determinador de la conducta punible, el director, cabecilla, financista o promotor del concierto para adelantar delitos de secuestro o de asociación organizada para ello”, afirmó el juez, que destacó que esta posición de liderazgo en la estructura delictiva agrava su situación legal.
La fiscal general Luz Adriana Camargo también se pronunció sobre el caso, respaldando la decisión del juzgado y cuestionando la actuación de uno de sus delegados, el fiscal Daniel Ricardo Hernández, que había avalado inicialmente la solicitud de colaboración. Camargo enfatizó que Hernández no tenía competencias para tramitar este tipo de beneficios y señaló que la solicitud presentada por Del Río contenía múltiples falencias. “El oficio suscrito por el doctor Daniel Ricardo Hernández no se ajusta al trámite de los beneficios por colaboración”, afirmó la fiscal general, quien además destacó que Monsalve no cumplió con los requisitos necesarios para avanzar en el proceso.
El juzgado también indicó que, aunque Monsalve ofreció colaborar con la justicia, no proporcionó detalles concretos ni información suficiente para sustentar su petición. “La oficina competente para otorgarlo emitió respuesta al sentenciado donde le solicitó información para resolver la petición de colaboración con la justicia, información que a la fecha no ha sido suministrada”, señaló el fallo. Esto dejó en evidencia que la solicitud carecía de fundamentos sólidos y que Monsalve no había avanzado en su supuesto compromiso de cooperación.
Como resultado de esta decisión, Monsalve continuará cumpliendo su condena por secuestro extorsivo en la cárcel La Picota de Bogotá. Según el reporte del medio citado, las condiciones de reclusión de Monsalve llamaron la atención de las autoridades, ya que cuenta con comodidades que podrían estar fuera de los estándares habituales en el sistema penitenciario colombiano.