Alirio Gualdrón Rojas, de 59 años, fue declarado culpable del crimen que estremeció al municipio de Girón y al área metropolitana de Bucaramanga en mayo de 2024.
El caso, que involucró el asesinato de Kelly Cuevas, de apenas ocho años, generó una profunda conmoción en la opinión pública y una respuesta contundente por parte de las autoridades judiciales.
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El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga acogió la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y avaló la imposición de la pena máxima permitida por la legislación colombiana para este tipo de delitos, que se estima en más de 42 años de prisión.
Se espera que el juez encargado del caso oficialice el fallo condenatorio, el cual contempla la gravedad del crimen, así como el principio constitucional de protección reforzada a los menores de edad, considerados sujetos de especial protección por parte del Estado colombiano. Este principio obliga a las instituciones a brindar medidas adicionales de prevención, sanción y reparación en casos donde los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados de forma grave y sistemática.
De acuerdo con Vanguardia, un representante del ente acusador manifestó durante la audiencia que se trata de una decisión basada en la extrema violencia de los hechos y en la edad de la víctima. “Solicitamos la pena más alta que permite la ley, por el nivel de violencia y la víctima, una menor”, indicó un vocero de la Fiscalía, resaltando que se trata de un crimen que reúne agravantes suficientes para aplicar la sanción penal más severa.
Así fueron los hechos
Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2024, cuando la menor desapareció a plena luz del día en el barrio Rincón de Girón. En ese momento, la madre de la niña había confiado su cuidado temporal a una vecina, sin imaginar que horas más tarde se desataría una tragedia. Ante la ausencia prolongada de la menor, sus familiares iniciaron una angustiosa búsqueda, que incluyó el apoyo de distintas entidades estatales, entre ellas la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y el Cuerpo de Bomberos de la localidad.
De acuerdo con las autoridades, después de varias horas de rastreo, el cuerpo sin vida de la niña fue hallado en un terreno baldío ubicado a escasos metros de la estación de Metrolínea, cerca del anillo vial de la zona. El hallazgo confirmó los peores temores de la comunidad y desencadenó una oleada de manifestaciones ciudadanas, tanto en Girón como en otros municipios cercanos, en el que exigieron justicia.
Avances en la investigación
En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró reunir pruebas técnicas, testimoniales y forenses que comprometieron directamente a Alirio Gualdrón Rojas como el autor material del crimen. A partir de estos elementos, el ente investigador formuló cargos por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado, este último tipificado en la legislación colombiana como un delito autónomo que implica el asesinato de una mujer por razones de género, especialmente cuando concurren factores como la edad, indefensión o relaciones de poder desiguales.
La Fiscalía sostuvo que la víctima fue atacada por su condición de niña, en un contexto de vulnerabilidad que agrava la responsabilidad penal del agresor. El caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de la aplicación del enfoque diferencial de género y edad en la administración de justicia penal.
El proceso judicial ha sido seguido de cerca por medios de comunicación, colectivos sociales y autoridades locales, que han coincidido en la importancia de establecer precedentes ejemplares frente a crímenes de esta naturaleza.