El 7 de junio de 2025, un acto de violencia estremeció a Colombia luego de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera víctima de un atentado armado mientras participaba en un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.
El ataque dejó un saldo de cuatro personas heridas: dos civiles, el atacante, y el propio congresista del Centro Democrático, que recibió tres impactos de bala. Según los informes, dos proyectiles impactaron su cabeza, uno de ellos causando una emergencia cráneo-encefálica, y el tercero se alojó en su pierna izquierda.
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Tras el atentado, el equipo de seguridad del senador respondió de inmediato, lo que desencadenó un breve intercambio de disparos. Durante esta reacción, el presunto agresor fue herido en el pie y posteriormente capturado en el lugar de los hechos, portando una pistola calibre 9 mm. Luego, las autoridades lo trasladaron bajo custodia y confirmaron que se encuentra en proceso de judicialización, mientras se investiga si actuó por iniciativa propia o bajo la influencia de terceros.
Miguel Uribe fue trasladado en un primer momento a un centro médico en Fontibón, y debido a la gravedad de sus heridas, remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí fue intervenido quirúrgicamente por especialistas en neurocirugía y cirugía vascular.
Según el parte médico emitido en la madrugada del domingo 8 de junio, el estado del senador fue calificado como “crítico” y su pronóstico “reservado”. Actualmente, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo constante observación médica.
Exigencia del Centro Democrático a la UNP
Frente a este ataque, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un contundente comunicado exigiendo al Gobierno nacional, de Gustavo Petro, y a las autoridades responsables la adopción de medidas inmediatas de protección para sus miembros.
La misiva, firmada por el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, fue dirigida al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
En el documento se lee que, “desde el año 2023, hemos manifestado con insistencia y total fundamento la necesidad de revisar, fortalecer y garantizar los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de nuestra colectividad”. Añade que la situación actual, agravada por las múltiples amenazas reportadas, “exige una respuesta urgente y efectiva por parte de la entidad que usted dirige”.
Solicitud de protección para líderes políticos
Entre las solicitudes del partido se encuentra la adopción inmediata de medidas de protección para miembros que ejerzan funciones representativas, incluyendo congresistas de la República, precandidatos presidenciales, diputados, concejales amenazados, y otros militantes expuestos por su exposición pública o roles políticos en zonas vulnerables.
El comunicado enfatiza que, “resulta inaudito e incomprensible que después de 24 meses, la Unidad Nacional de Protección haya incurrido en una omisión sistemática y negligente frente a los reiterados requerimientos de seguridad para nuestros líderes”.
La colectividad también responsabilizó formalmente al Gobierno nacional por cualquier afectación a la vida e integridad de sus militantes y dirigentes.
“Esta situación no solo compromete la seguridad de nuestros líderes, sino que pone en entredicho la credibilidad del Estado como garante de la democracia y del pluralismo político”, se lee en la carta firmada por Vallejo Chujfi.
La misiva fue remitida, además, con copia a organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El caso provocó un amplio eco en diversos sectores políticos y sociales del país. A pesar de la gravedad del atentado y de la crítica situación médica de Uribe Turbay, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo nacional sobre las peticiones puntuales realizadas por el Centro Democrático.