La Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un pliego modificatorio que busca enfrentar de manera inmediata y efectiva el problema de las desapariciones en la ciudad. La iniciativa, que acumula los Proyectos de Acuerdo 404, 290, 409 y 428 de 2025, tiene como objetivo principal establecer mecanismos con enfoque diferencial para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, con especial atención en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.
La concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, la principal impulsora del Proyecto 409, incluido en esta propuesta; destacó que el proyecto responde a una preocupación creciente en la ciudadanía frente a la desaparición de personas y busca garantizar que cada caso sea tratado con urgencia y dignidad. “Este proyecto es una herramienta concreta para hacerle frente a una realidad dolorosa que viven muchas familias en Bogotá”.
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De qué se trata el proyecto
El proyecto establece la creación del Registro Distrital de Personas Reportadas como Extraviadas o Desaparecidas, una herramienta clave para consolidar y gestionar información sobre los casos. El registro permitirá promover la denuncia inmediata, garantizar atención psicosocial a las familias afectadas y activar mecanismos de búsqueda mediante la articulación de canales institucionales, redes comunitarias, medios digitales y el sistema de transporte público. Según detalló la concejala, también se contempla la integración con alertas nacionales como la Alerta Rosa y la Alerta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).
Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran la atención prioritaria y especializada para menores de edad y mujeres, especialmente en casos relacionados con violencia de género. Además, se busca garantizar la divulgación de información y la activación de alertas con principios de celeridad y respeto por los derechos humanos. El proyecto también incluye el intercambio de información con la Fiscalía y otras entidades nacionales para fortalecer las rutas de búsqueda, así como campañas de prevención y redes de apoyo con familiares y organizaciones sociales.
La propuesta también establece que la Administración distrital deberá presentar informes anuales al Concejo de Bogotá sobre los avances en la implementación del acuerdo. Dichos informes serán socializados con organizaciones sociales y la ciudadanía, lo que permitirá evaluar los resultados y ajustar las estrategias según sea necesario.
Para Bernal, la iniciativa es el resultado de un esfuerzo colectivo que logró un amplio consenso político. En su desarrollo participaron concejales y concejalas de diferentes bancadas, como la Alianza Verde, Cambio Radical, Centro Democrático y Colombia Humana, lo que reflejó la importancia de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar las desapariciones en la ciudad. Ese consenso político permitió avanzar hacia un marco normativo claro y eficaz en la búsqueda de personas desaparecidas.
El articulado del proyecto detalla las acciones necesarias para su implementación. En primer lugar, el Registro Distrital de Personas Reportadas como Desaparecidas centralizará la información sobre los casos, analizará los riesgos asociados y garantizará la denuncia inmediata, especialmente en casos que involucren a menores de edad. También se priorizará la atención a mujeres, con un enfoque en situaciones relacionadas con violencia de género, y se publicarán estadísticas periódicas sobre desapariciones.
La Administración distrital será responsable de coordinar acciones como la activación de rutas de denuncia, el acompañamiento psicológico a las familias afectadas y la divulgación de información útil sobre los casos en canales oficiales. Asimismo, se desarrollarán campañas educativas y se garantizarán protocolos efectivos para activar alertas como la Alerta Rosa. Igualmente, se crearán redes de apoyo comunitario para la búsqueda de personas extraviadas.
Por otra parte, el proyecto establece una articulación con los sistemas nacionales de alerta, como la Alerta Rosa y la Alerta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar una respuesta coordinada y efectiva. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con otras entidades distritales y nacionales, será la encargada de implementar el acuerdo. Asimismo, se estipula que el proyecto entrará en vigor una vez sea publicado oficialmente.