En medio del proceso judicial que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del departamento del Atlántico, la defensa legal del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, presentó una solicitud urgente ante la Fiscalía General de la Nación para que se revise, verifique y actualice la información correspondiente al domicilio, las medidas de protección y el control judicial de la testigo Daysuris Vásquez, figura clave en el caso y su expareja sentimental.
Según se expone en el documento radicado, al que tuvo acceso La W Radio, la petición tiene como objetivo principal esclarecer el paradero actual de Vásquez, que se le concedió un principio de oportunidad dentro del proceso penal.
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La defensa del exdiputado argumenta que hasta la fecha no pudo acceder a una dirección válida donde notificar o citar legalmente a la testigo, por lo que solicita que la delegación correspondiente de la Fiscalía General de la Nación asuma esta responsabilidad, al tener contacto directo con la adjudicada del beneficio procesal.
Solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación
“Durante la sustentación de dicha solicitud, se puso de presente que la defensa no dispone de dirección oficial alguna para notificar o citar válidamente a la mencionada testigo, razón por la cual se solicitó que fuera esa delegatura quien asumiera dicha carga, dada su calidad de interlocutora directa con la beneficiaria del principio de oportunidad”, señala el documento firmado por el abogado defensor, Alejandro Carranza, de acuerdo con la fuente citada.
En la solicitud, también se plantea la necesidad de implementar actos de indagación y mecanismos de verificación institucional para identificar con exactitud el lugar de residencia de Day Vásquez.
Entre las acciones que se propone llevar a cabo, se incluye la revisión de bases de datos oficiales, inspección de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos del sector y demás procedimientos propios de la labor de policía judicial. Esto, con el objetivo de constatar la veracidad de los hechos denunciados recientemente por la testigo en medios de comunicación.
Cabe recordar que el 22 de mayo de 2025, Vásquez utilizó sus redes sociales para informar sobre supuestas intimidaciones que habría recibido por parte de personas no identificadas en su residencia. Esta declaración motivó la defensa de Nicolás Petro a cuestionar si dichas denuncias cuentan con respaldo probatorio, y si se han adoptado medidas de protección adecuadas y efectivas para garantizar su seguridad.
Evaluación del cumplimiento de condiciones
En ese sentido, la defensa también pidió que se aclare si la testigo cumplió con su obligación de informar a la Fiscalía, de manera permanente, veraz y actualizada, sobre su domicilio. Esta condición, según explican en la solicitud que divulgó la cadena radial, es esencial dentro del principio de oportunidad que le fue concedido a Day Vásquez.
“De comprobarse dicha omisión, se solicita se evalúe la pertinencia de activar el control judicial del beneficio procesal otorgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal”, precisa la defensa, al señalar que el incumplimiento de esta condición podría implicar consecuencias jurídicas para la testigo, incluida la posible revocatoria del beneficio procesal.
Asimismo, el documento argumenta que esta verificación no solo tiene un propósito procesal, sino que responde a la necesidad de garantizar los derechos del procesado, entre ellos el de ejercer contradicción frente a los testimonios que lo comprometen. En este punto, se menciona también el proceso en curso relacionado con la presunta violación de datos de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, en el que Vásquez tendría un papel central como testigo.
En razón de esto, la defensa insiste en que la Fiscalía debe remitir un informe detallado tanto al despacho judicial como a los apoderados de la defensa de Nicolás Petro y de Laura Ojeda, con el fin de conocer el estado actual de las diligencias para ubicar a Vásquez, así como el nivel de cooperación que esta ha demostrado frente a las autoridades judiciales.
La solicitud concluye con una petición para que se informe si se adoptaron o no medidas de protección, vigilancia o verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas a la testigo dentro del principio de oportunidad. Para la defensa, estos elementos resultan claves para garantizar la transparencia del proceso y el respeto al debido proceso.