La Fiscalía General de la Nación informó que identificaron a los presuntos responsables del crimen de un estilista e integrante de la población Lgbti+, ocurrido el pasado 29 de marzo en una vivienda del barrio Belén, en el suroccidente de Medellín (Antioquia).
Se trata de Juan Felipe Zapata Soto y Brayan Esteban Miranda Ávila, de 22 y 23 años, respectivamente.
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“Un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado”, indicó el ente acusador.
La Fiscalía precisó que en el curso de la investigación se estableció que los dos hombres ingresaron con la víctima, de 49 años, a su lugar de residencia. Luego de compartir algunos minutos, la habrían puesto en estado de indefensión, amarrado de pies y de manos, y atacado con un arma cortopunzante.
Finalmente, según el ente acusador, los señalados responsables escaparon del lugar con dos bolsos de los que se desconoce su contenido.
Zapata Soto y Miranda Ávila fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en Itagüí y Bello (Antioquia), en cumplimiento de órdenes judiciales.
“Por disposición del juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó la Fiscalía.
A la captura de los presuntos responsables, se suma el asesinato de la reconocida lideresa trans colombiana Nawar Jiménez.
El hecho lo denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ya reporta 66 casos de violencia contra líderes sociales en el país en lo que va del año.
Jiménez pertenecía a un grupo de apoyo para víctimas de violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en su municipio El Carmen de Bolívar, lo que la convirtió en “una constructora de paz y una voz fundamental en la defensa de los derechos humanos”, informó la institución gubernamental Unidad para las Víctimas.
“Su transfeminicidio constituye una grave vulneración a su integridad, pero también a los procesos comunitarios de memoria, justicia y reparación”, afirmó la institución en un comunicado, en el que destacó que Jiménez había sido además víctima del conflicto armado.
Alerta por aumento de violencia contra la comunidad Lgbti+
La ONU instó al Estado colombiano a garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición, y alertó sobre la persistencia de violencia en un municipio específico. La organización enfatizó la importancia de un enfoque con perspectiva de género y diversidad en las investigaciones.
En su mensaje, recordó el asesinato de Dania Sharith Polo, lideresa trans ocurrida en 2023 en el mismo territorio, como un reflejo del riesgo que enfrenta la comunidad Lgbti+.
Por su parte, la ONG Caribe Afirmativo presentó un informe sobre los derechos humanos de esta comunidad en Colombia durante 2024, año marcado por el fortalecimiento del discurso de odio y el aumento de la violencia basada en prejuicios.
Entre 2020 y 2024, la violencia se incrementó notablemente: en promedio, cada dos días una persona Lgbti+ fue asesinada, mientras que cada 1,8 días se registró una amenaza. Los homicidios en 2024 aumentaron un 3,79% respecto a 2023, y los casos de violencia sexual crecieron un 67 %, con un promedio diario de dos víctimas.
El informe destaca que la violencia varía según el contexto geográfico y la combinación con otras vulnerabilidades. Valle del Cauca y Antioquia lideran en homicidios, con 26 y 24 casos, respectivamente. En Atlántico, aunque las cifras bajaron, se cuestiona si se trata de una reducción real o de subregistro.
Caribe Afirmativo documentó 30 asesinatos con arma de fuego, la mayoría vinculados a sicariato y ocurridos en espacios públicos. Se identificaron casos con amenazas previas y desapariciones. La violencia contra mujeres trans mostró un patrón sostenido, con 21 homicidios documentados en 2024, en espacios públicos y privados, y métodos como armas de fuego, armas blancas y tortura.
Los homicidios presentaron fluctuaciones durante el año, con picos en abril y mayo. La mayoría de los procesos judiciales siguen en etapa de indagación, lo que refleja la persistencia de la impunidad que alimenta la violencia.