En la madrugada del 27 de abril, hombres de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” emboscaron una patrulla, asesinaron a siete uniformados y secuestraron a cinco más, que fueron liberados horas más tarde.
En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se estaba revisando la información relevante del atentado en un comité especial del Gobierno nacional, en el que se terminaría de “recolectar toda la información y con base en ese informe el miércoles se tomará una decisión” sobre la continuidad o no de la tregua con el grupo armado.
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Sin que se expongan detalles de la investigación y con el cese al fuego con las disidencias de “Calarcá” terminado, al interior de las Fuerzas Militares se tomaron decisiones drásticas tras el hecho registrado en Guaviare.
Se trata del relevo de sus funciones de cinco altos oficiales, entre ellos el comandante de la Brigada 22 del Ejército, el coronel Néstor Augusto Corzo; el jefe mayor y el oficial de operaciones de esa brigada; el comandante del Batallón de Infantería número 19 Joaquín Paris, el teniente coronel Andrés Gabriel Cardona Nieto y el jefe de operaciones de ese mismo batallón, lo que fue confirmado por fuentes de Infobae Colombia.
Tras la emboscada, el bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc se pronunció mediante un comunicado, en el que aseguró que había actuado en “legítima defensa”.
“Lamentamos los hechos ocurridos en Guanapalo, Guaviare, donde unidades nuestras de la Compañía Isaías Carvajal del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, haciendo uso de la legítima defensa, sostuvieron combates con unidades del Ejército Nacional del Batallón José Joaquín París, pertenecientes a la Brigada 22 de selva con sede en San José del Guaviare, dieron de baja en combate a nueve militares y cinco más capturados”.
La forma con la que las disidencias de “Calarcá” intentaron justificar su accionar, provocó que varios mandatarios locales se pronunciaran en contra del Gobierno nacional por continuar con el cese al fuego con este grupo armado.
Entre los políticos que se pronunciaron se destacó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, que afirmó que el Estado ofrece oportunidades a grupos armados que solo buscan la guerra.
“«Calarcá» en todos los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, ¿qué hizo? Se fortaleció, la extorsión creció, empezaron a reclutar menores”.
Por su parte, el alcalde de Mesetas, Julio César Torres, cuestionó al Gobierno nacional, indicando que mientras seguían con un proceso de paz, en los territorios las disidencias siguen afectando a las poblaciones.
“Pedirle al Gobierno nacional que aclare cuáles son las verdades reglas de juego que tiene en la mesa de diálogo con “Calarcá”, si a ellos se les está permitiendo delinquir como lo están haciendo. Nosotros como gobiernos municipales estamos sometidos al ridículo por parte de estos grupos porque ellos ordenan cerrar establecimientos y desplazar a la comunidad”.
Debido a los cuestionamientos en contra del Gobierno nacional, se cree que la emboscada contra los militares es uno de los factores por los que el cese al fuego con las disidencias de “Calarcá” no se renovó después del 18 de mayo.
Esta decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, que indicó tras un consejo de seguridad en Medellín que la orden actual es tener una “ofensiva total” contra todos los grupos armados.
Sánchez compartió con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a los que les aseguró que la fuerza pública comenzará a “emplear toda la capacidad del Estado para neutralizar la amenaza”.