El comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo un amplio análisis sobre los avances y desafíos de los procesos de negociación que impulsa el Gobierno en el marco de la política de ‘paz total’.
Uno de los puntos destacados es el avance con el Frente Comuneros del Sur, que podría entregar completamente sus armas en un periodo de tres meses, lo cual marcaría un hito para el Ejecutivo.
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Durante la entrevista concedida al medio de comunicación colombiano El Tiempo, Patiño enfatizó que el desmonte de explosivos y artefactos por parte de los Comuneros es una señal clara de compromiso con el cese de la violencia.
También resaltó otros logros en esa región, como el inicio de una transición hacia una economía minera legal y el impulso a la sustitución de cultivos en más de 20.000 hectáreas.
Esto, dijo, puede abrir caminos hacia un cambio económico sostenible en zonas antes controladas por estructuras ilegales.
En cuanto al proceso con el Eln, el comisionado lanzó cuestionamientos fuertes al Comando Central de esa guerrilla.
“La dictadura del COCE tiene que ser cambiada para que el Eln cambie”, afirmó, subrayando la necesidad de transformaciones internas dentro de esa organización para que avance cualquier intento de paz. Además, señaló que el Gobierno ha escuchado voces internas del Eln que claman por nuevos liderazgos y espacios más democráticos.
Patiño también abordó el debate sobre las solicitudes de extradición en medio de los procesos de paz. “A veces toca pararse firme, así lo acusen a uno de estar obstaculizando acuerdos de extradición”, dijo, refiriéndose a casos como el de alias Araña.
Cuestionó la emisión de circulares rojas por parte de Interpol en momentos en que se alcanzan compromisos, calificando esta práctica como un obstáculo para los diálogos. A su juicio, el Estado debe tener autonomía en el manejo de sus procesos de paz, sin interferencias externas.
Sobre la posible concentración del Frente Comuneros del Sur, Patiño explicó que se evalúan mecanismos jurídicos para permitir que quienes están comprometidos con la reconstrucción del territorio puedan pagar sus penas dentro de las propias comunidades, bajo vigilancia institucional y comunitaria. Aseguró que eso no se limitaría a ese grupo, sino que también se contempla para otras estructuras que operan en zonas alejadas del país.
Frente a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo, el comisionado señaló que esa región ha sido clave en la estrategia de guerra del Eln, pero también podría convertirse en el punto de partida para una estrategia de paz, siempre que se transforme la economía cocalera dominante en lugares como Tibú.
Por último, reconoció que el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano plantea retos jurídicos, pero también abre posibilidades ante el desgaste de las economías ilegales.
En cuanto al ‘clan del Golfo’, reiteró que, aunque el Gobierno mantiene una ofensiva militar, si ese grupo decide entrar en un proceso de diálogo, será escuchado, sin que eso implique cesar la presión del Estado.