La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas por el secuestro y robo a un comerciante en Medellín, que fue engañado en su afán de recuperar un dinero que había prestado a uno de los implicados.
El caso, que ocurrió el 30 de marzo de 2024, dejó entre los capturados a una mujer y su hijo, quienes habrían fraguado el plan para evitar el pago de la deuda que ascendía a los $700.000 con intereses.
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De acuerdo con la Fiscalía, el comerciante se puso en contacto con Ana María Ospina Ramírez, la deudora, para exigir el pago del dinero que le había prestado, incluyendo los intereses correspondientes.
Tras sostener una fuerte discusión, la mujer le indicó que acudiera a su vivienda, ubicada en el barrio Laureles, para recoger el dinero. Sin embargo, al llegar al lugar, el hombre fue recibido por la mujer y posteriormente abordado por varios hombres que lo agredieron físicamente con un arma de fuego y un arma blanca.
El calvario para el comerciante se extendió durante aproximadamente dos horas, tiempo en el que los agresores le exigieron la suma de $40 millones a cambio de su libertad.
Según detalló la Fiscalía, durante este lapso, la víctima fue obligada a realizar transferencias de dinero desde su cuenta bancaria y también fue despojada de su teléfono celular.
La gravedad de los hechos llevó a que un fiscal especializado ante el Gaula imputara a los presuntos responsables por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los acusados en este caso son Ana María Ospina Ramírez, su hijo, Juan Manuel Urrego Ramírez, Jairo Andrés Londoño Blanco y Nelson Yadid Velásquez Montoya. Según informó la Fiscalía, las capturas se llevaron a cabo durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por agentes del Gaula de la Policía Nacional.
En el domicilio de Urrego Ramírez, las autoridades incautaron un arma de fuego y 54 cartuchos, lo que refuerza las acusaciones relacionadas con la tenencia ilegal de armas.
Además, se reveló que uno de los implicados, Nelson Yadid Velásquez Montoya, ya se encontraba bajo detención domiciliaria debido a una investigación previa por otros hechos delictivos.
Tras la captura, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario para tres de los procesados. En el caso de Ana María Ospina Ramírez, la medida fue impuesta en su lugar de residencia.
Patrullero de la Policía extorsionaba a comerciantes en La Unión, Valle del Cauca
Un patrullero de la Policía Nacional, identificado como Deyson Javier Gómez Meza, fue judicializado por la Fiscalía tras ser señalado como presunto responsable de una serie de extorsiones en contra de comerciantes del municipio de La Unión (Valle del Cauca).
Las pruebas recopiladas durante la investigación llevaron a que el uniformado asumiera su responsabilidad, aceptando los cargos de extorsión agravada y extorsión agravada en grado de tentativa.
De acuerdo con el comunicado emitido por el ente investigador, el patrullero, apodado como “El Seis”, se habría dedicado, en al menos seis ocasiones desde 2023, a exigir sumas de dinero que oscilaban entre $500.000 y $40 millones.
Estas demandas económicas, realizadas mediante amenazas, estaban dirigidas a pequeños y grandes comerciantes locales. Las víctimas eran intimidadas con advertencias de posibles atentados contra su vida, la de sus familiares o sus negocios, en caso de no cumplir con los pagos exigidos.
La Fiscalía reveló que una de estas extorsiones logró concretarse, mientras que otras cinco quedaron en grado de tentativa. Asimismo, se estableció que el acusado utilizó múltiples teléfonos celulares para coordinar y ejecutar sus acciones delictivas.
Durante su captura, llevada a cabo el 21 de marzo, en la estación de Policía del corregimiento Zaragoza, en jurisdicción del municipio de Cartago, las autoridades incautaron seis celulares, 13 tarjetas SIM, cuatro micro SD y varias memorias USB, las cuales serán fundamentales en el proceso de judicialización.
Un juez de control de garantías aceptó la solicitud de la Fiscalía y decretó que el uniformado deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones.