El equipo de defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no cesa en sus esfuerzos por revocar la orden del Tribunal de Apelaciones de Porto, en Portugal, que aprobó el pasado 5 de mayo la extradición a Colombia del también conocido como el “zar del contrabando”.
Sin embargo, la decisión aún no es definitiva debido a los recursos legales interpuestos por el acusado. Marín enfrenta acusaciones en este país por liderar una red de contrabando que habría sobornado a funcionarios y policías con sumas millonarias.
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En su defensa, el contrabandista ha argumentado que es víctima de una persecución política y que su extradición equivaldría a una “pena de muerte”.
De acuerdo con documentos obtenidos por El Tiempo, Marín ha sostenido ante las autoridades portuguesas que su vida corre peligro si es enviado a Colombia.
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En su declaración, afirmó que el presidente Gustavo Petro estaría detrás de una supuesta persecución en su contra, motivada por rumores sobre un presunto aporte de quinientos millones de pesos a la campaña presidencial de 2022.
Aunque Petro negó que esos fondos hayan ingresado a su campaña y aseguró que fueron devueltos, Marín insiste en que estos hechos han desencadenado una serie de acciones en su contra, incluyendo un supuesto plan para asesinarlo.
En su estrategia jurídica, Papá Pitufo ha argumentado que las acusaciones en su contra son infundadas y que las autoridades colombianas han fabricado un caso en su contra desde hace décadas.
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Según los documentos citados por El Tiempo, Marín afirmó que desde 1993 ha enfrentado varios procesos penales en Colombia, los cuales, según él, siempre fueron archivados.
Además, señaló que su negativa a participar en esquemas de corrupción habría provocado represalias por parte de la Policía Nacional y la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera.
“Debido a su actividad económica en Colombia, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional – Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, al no participar en los esquemas creados por ellas, comenzaron a perseguirlo y pretender destruir su negocio, iniciándose en su contra desde 1993 varios procesos penales, los cuales siempre fueron archivados”, señala uno de los documentos oficiales obtenidos por el diario nacional
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Marín también aseguró que su extradición pondría en riesgo su vida, ya que, según él, en Colombia es considerado una persona non grata, por sus denuncias sobre corrupción.
En un documento presentado ante el Tribunal de Porto, afirmó que “si es extraditado será ejecutado”, y agregó que la negativa de Portugal a protegerlo equivaldría a imponerle la pena de muerte.
Asimismo, sostuvo que las acusaciones en su contra se basan en “oscuras conclusiones” y que no existe una orden de captura válida en su contra, ya que esta habría sido revocada por las autoridades colombianas en febrero de 2025, según su versión.
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En un intento por frenar su extradición, Marín también ha invocado su nacionalidad española, argumentando que las normas de la Unión Europea prohíben su entrega a Colombia.
Según El Tiempo, el empresario alegó que su extradición violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
Sin embargo, el Tribunal de Porto rechazó este argumento, señalando que la nacionalidad española no lo protege de ser extraditado a su país de origen para enfrentar un proceso penal.
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El tribunal portugués también desestimó los alegatos de persecución política presentados por Marín. En su fallo, la corporación judicial afirmó que no existen pruebas de que el empresario sea perseguido por sus convicciones políticas o ideológicas, las cuales, según el tribunal, ni siquiera han sido invocadas de manera clara.
Además, señaló que el supuesto ofrecimiento de recompensa a los líderes del contrabando, mencionado por Marín como parte de su defensa, ocurrió hace varios años y no constituye evidencia de un riesgo actual para su vida.
A pesar de la decisión del Tribunal de Porto, el proceso de extradición de Papá Pitufo aún no ha concluido. Marín ha presentado recursos legales para intentar revertir el fallo, lo que mantiene en suspenso su posible traslado a Colombia. Mientras tanto, el empresario permanece detenido en Portugal, donde fue arrestado el pasado 3 de diciembre.
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El caso de Diego Marín Buitrago ha generado atención tanto en Colombia como en el ámbito internacional debido a las graves acusaciones en su contra y a las implicaciones políticas de sus declaraciones.
Entre tanto, las autoridades judiciales españolas ya han informado que no existe motivo para negar su entrega a Colombia, lo que refuerza la posición del tribunal portugués.