La violencia en el sur de Bolívar sigue escalando a niveles alarmantes. Los grupos armados ilegales, en su disputa por el control territorial, no solo han provocado el desplazamiento forzado de numerosas familias, sino que ahora recurren a la instalación de cilindros bomba como una táctica de intimidación para forzar el confinamiento de comunidades enteras.
La Secretaría de Seguridad de Bolívar confirmó que actualmente cuatro corregimientos están bajo confinamiento por la presencia de estos artefactos explosivos. Uno de los casos más graves se presenta en Altos de la Brisa, zona rural de Santa Rosa del Sur, donde los cilindros son colocados a partir de las 6:00 p.m.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“Es una situación compleja la que se vive en el sur de Bolívar. Lo último que queremos es que se normalice la situación de orden público que enfrentamos en el departamento. En este momento tenemos cuatro poblaciones confinadas; en una de ellas, a las seis de la tarde, siembran cilindros bomba para evitar que las personas salgan, y los recogen en la mañana”, explicó Manuel Berrío, secretario de Seguridad.
Además de Altos de la Brisa, otros tres corregimientos también están afectados por esta situación: El Tomate, en Santa Rosa del Sur, así como Minguillo y Mina Piojó, en el municipio de Montecristo.
Frente a esta grave situación, Berrío hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que defina una estrategia clara frente a estos grupos armados.
“El llamado al Gobierno nacional es que definamos una postura clara: si vamos a combatir a estas personas o si vamos a hacer la paz con ellas. Pero no podemos estar sentados en una mesa de diálogo hablando de paz mientras en el territorio sigue el desplazamiento, los combates y la muerte de nuestros conciudadanos”, advirtió.
Mientras tanto, organizaciones locales, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y habitantes de Mina Central, en la zona rural de Morales, han denunciado que los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, junto con el ELN, han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares.
Las consecuencias de estos combates no solo afectan a la población civil directamente, sino también a la infraestructura de la región. Según denuncias de la comunidad, los tiroteos han dañado gravemente varias viviendas y la única institución educativa del área. Un video compartido en redes sociales muestra cómo los disparos han impactado techos, enseres domésticos y hasta la planta solar del colegio, que ahora permanece cerrado por temor a nuevos ataques, afectando el derecho a la educación de los niños de la zona.
En relación con estos daños, el secretario de Seguridad informó que el Ejército Nacional ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La comunidad, sin embargo, continúa en alerta, esperando que las autoridades intervengan de manera más efectiva para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar más desplazamientos forzados.