En un caso judicial que captó la atención de la opinión pública, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, es el centro de intensos debates dentro del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que inicialmente parecía un proceso ordinario se transformó en una controversia sin precedentes, marcada por enfrentamientos entre la defensa del exmandatario y la funcionaria judicial.
Desde el inicio del juicio, en abril de 2024, la postura de la jueza generó múltiples cuestionamientos. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados Peña, denunció repetidamente lo que considera una vulneración de los derechos procesales y de la administración de justicia. Esto debido a que, en varias ocasiones, la jueza ha rechazado sin mayor análisis las solicitudes de la defensa.
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Uno de los momentos más álgidos se vivió el 5 de octubre de 2024, cuando en plena audiencia preparatoria la jueza negó una solicitud de reprogramación presentada por Granados Peña. La petición tenía como propósito obtener tres días adicionales para analizar información clave proveniente de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, necesaria para estructurar la estrategia probatoria. La negativa llevó a la interposición de una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, que finalmente falló a favor de la defensa, ordenando la reprogramación de la audiencia.
El conflicto no terminó ahí. La defensa de Uribe insiste en que la jueza mantiene una postura parcializada que compromete el derecho a la legítima defensa. Esta preocupación aumentó cuando se conoció que hace más de veinte años, la misma jueza había presentado una demanda contra un decreto firmado por Uribe Vélez durante su segundo mandato presidencial.
En aquel entonces, Heredia, siendo jueza en Ibagué, promovió una demanda contra la Nación con el objetivo de anular dos decretos, el 658 de 2008 y el 723 de 2009. Ambos modificaban la prima especial para los funcionarios de la Rama Judicial, lo que, según su reclamación, le afectaba directamente. En el documento legal, Heredia exigía el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios con carácter salarial, alegando que con la implementación de estos decretos se desconocían sus derechos laborales.
El reclamo de la jueza, interpuesto junto a otros doce funcionarios de la Rama Judicial, buscaba que se revocaran los efectos de dichos decretos y se reconociera la totalidad de su salario con la prima incluida. Para ello, otorgó poder a dos abogados de Ibagué que la representaron en el litigio.
Las revelaciones generaron fuertes críticas sobre el manejo del juicio. La defensa de Uribe considera que la actitud de la jueza no es imparcial y que su historial podría ser un indicativo de animadversión hacia el exmandatario. En este contexto, el 10 de febrero, el equipo de abogados del expresidente presentó una recusación con la intención de apartar a la jueza del caso. Para sustentar su solicitud, citaron una declaración de la funcionaria en la que afirmaba: “Por fortuna o desgracia de algunos a este despacho le correspondió por reparto el trámite de este proceso. Por lo tanto, no debe ser sorpresivo —como lo indica el señor defensor— la celeridad que se le ha imprimido”.
Sin embargo, la jueza rechazó la recusación y continuó con la audiencia de etapa de juicio, solicitando la declaración del senador Iván Cepeda. Esta acción motivó la interposición de otra tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual determinó la suspensión inmediata de las audiencias mientras se analiza la situación. La controversia sigue en ascenso y abrió un debate en torno a la transparencia y garantías en el proceso judicial que involucra al expresidente. El desenlace de este caso podría marcar un precedente en la historia judicial del país.