La implementación de la tasa de seguridad en Antioquia continúa siendo motivo de debate. Aunque la medida fue aprobada por la Asamblea Departamental a finales de 2024 con el propósito de recaudar más de un billón de pesos en tres años, la Superintendencia de Servicios Públicos ha reiterado su negativa a que este cobro se realice a través de las facturas de energía, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.
En una circular externa, la SuperServicios enfatizó que las empresas prestadoras de servicios, como EPM, no pueden incluir en sus facturas cobros distintos a los directamente relacionados con la prestación del servicio.
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“No podrán incluir en la factura cobros distintos a los originados por la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios”, señala el documento.
Además, el pronunciamiento establece que cualquier cargo adicional debe contar con una autorización previa, expresa y por escrito por parte del usuario o suscriptor. En caso de no existir dicho consentimiento, se deberá reflejar por separado en la factura para permitir el pago exclusivo del servicio público sin que este quede condicionado al abono de otros conceptos.
El gobernador de Antioquia, en respuesta a estas disposiciones, indicó que su administración explorará nuevas vías para hacer efectivo el cobro de la tasa, que comenzó a regir desde el 1 de enero y se aplicará únicamente a los estratos 4, 5 y 6.
El recaudo de este tributo está a cargo de Valor+, una dependencia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) que también gestiona el impuesto vehicular en el departamento. Actualmente, se espera el registro de consumo de energía del primer mes del año para definir cómo se aplicará el cobro a los usuarios, incluidos algunos de tipo comercial.
Los fondos obtenidos con esta iniciativa están destinados a mejorar la seguridad en el departamento a través de inversiones en tecnología, infraestructura policial y proyectos comunitarios. Entre las obras contempladas se encuentran la adquisición de equipos de vigilancia, la adecuación de estaciones de policía, la construcción de una cárcel para sindicados y la instalación de placas polideportivas.
Mientras se define un mecanismo alternativo para su implementación, el rechazo al cobro en las facturas de servicios públicos ha sido respaldado por sectores que consideran que esta estrategia vulnera los derechos de los usuarios al obligarlos a asumir un pago sin su consentimiento explícito.