El Tribunal Superior de Cartagena ratificó la condena de 35 años de prisión contra Margareth Chacón, señalada como una figura clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia.
Chacón habría actuado como intermediaria entre los autores materiales y los financiadores del crimen, un caso que conmocionó tanto a Paraguay como a Colombia debido al perfil del fiscal, conocido por su lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.
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Durante la audiencia en la que se confirmó la sentencia, Chacón decidió no seguir callando y lanzó fuertes críticas contra las autoridades judiciales, en particular contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, que lideró la investigación en su contra.
Entre lágrimas, la condenada afirmó: “Nunca me han dejado hablar. En todas mis audiencias no he dejado de ser la dama de compañía a la prostituta. Me tuvieron torturada cinco meses en un búnker”. Estas declaraciones reflejan su inconformidad con el proceso judicial, que, según ella, estuvo plagado de irregularidades.
Chacón también solicitó que se revisaran las pruebas presentadas en su contra, alegando inconsistencias en las mismas. “Solo quiero que se investigue con lupa todas las mentiras que el señor Mario Andrés Burgos Patiño ha dicho”, expresó.
Sin embargo, el juez encargado del caso aclaró que, en esta etapa del proceso, únicamente se pueden escuchar a las partes interesadas en interponer recursos extraordinarios.
La defensa de la condenada anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días. Según el abogado defensor, el caso presenta múltiples irregularidades que deben ser revisadas en profundidad. Este recurso de casación podría convertirse en la última oportunidad de la condenada para intentar revertir la sentencia.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Margareth Chacón habría desempeñado un rol fundamental en la planificación y ejecución del asesinato de Marcelo Pecci, que fue atacado mientras disfrutaba de su luna de miel en Barú. Según las autoridades, Chacón facilitó recursos económicos y conexiones logísticas para llevar a cabo el crimen.
El caso también involucra a otros actores clave, como la pareja de Chacón, Andrés Felipe Pérez Hoyos, y su hermano, Ramón Emilio Pérez Hoyos, que habrían jugado roles determinantes en la coordinación del homicidio. Las investigaciones apuntan a que la mujer actuó como el enlace entre los autores materiales del asesinato y quienes financiaron el ataque.
A pesar de las acusaciones, Chacón sostuvo que las pruebas en su contra han sido manipuladas. Su defensa insiste en que el proceso judicial no ha sido transparente y que existen elementos que deben ser reevaluados.
El asesinato de Marcelo Pecci generó una profunda conmoción en Paraguay y Colombia. Pecci, reconocido por su trabajo en casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, era una figura destacada en la lucha contra el crimen organizado en la región. Su muerte, ocurrida en un contexto personal como su luna de miel, resaltó la gravedad de las amenazas que enfrentan los funcionarios judiciales en América Latina.
El caso también puso en evidencia la capacidad de las redes criminales para operar a nivel transnacional, ya que el asesinato fue planeado y ejecutado en Colombia, pero tuvo implicaciones directas en Paraguay. La colaboración entre las autoridades de ambos países ha sido crucial para esclarecer los hechos, aunque en Paraguay los avances en la investigación han sido más lentos en comparación con Colombia.
Mientras el proceso de casación avanza, Margareth Chacón enfrenta una condena que está relacionada con el asesinato de Marcelo Pecci. La ratificación de su sentencia por parte del Tribunal Superior de Cartagena refuerza la postura de la Fiscalía colombiana, que la considera una pieza clave en la estructura detrás del crimen.
Sin embargo, la apelación ante la Corte Suprema de Justicia podría abrir un nuevo capítulo en este caso. Si bien la defensa de Chacón ha señalado irregularidades en el proceso, será necesario que presenten pruebas contundentes para que el alto tribunal decida revisar la sentencia.