En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Sotaquirá, Boyacá, la captura de Víctor Hugo Mayorga, un reconocido fontanero de la localidad, ha destapado la gravedad de un crimen atroz. El hombre, de unos 45 años, fue condenado por el abuso sexual de una mujer con discapacidad cognitiva, un hecho ocurrido en diciembre de 2010, en la zona rural del municipio.
El caso comenzó a tomar notoriedad cuando, en su momento, otro hombre fue capturado bajo la acusación de haber tenido relaciones sexuales con la víctima, quien quedó embarazada como resultado de la agresión. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando se le practicó la prueba de ADN a la menor que nació del abuso, revelando que este hombre no era el padre. Esto llevó a un trabajo investigativo más exhaustivo por parte de las autoridades, quienes comenzaron a identificar a otros posibles responsables.
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“Por el hecho, en su momento había sido capturado y apresado otro hombre que reconoció que había tenido relaciones con la mujer, pero luego, al practicarle la prueba de ADN a la menor fruto de la violación, se encontró que el hombre que estaba preso no era el padre de la niña, por lo que en medio de la investigación, ubicaron a otros hombres a los que también les practicaron la prueba y finalmente encontraron que el responsable del embarazo fue Mayorga”, explicaron las autoridades.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, dio con el paradero de Mayorga, que fue detenido en la vereda Centro de Sotaquirá. Un juez penal del circuito de Tunja declaró al hombre responsable del delito de acceso carnal violento y, “tras una exhaustiva investigación, las pruebas confirmaron que, aprovechando que la víctima se encontraba sola en su casa, Mayorga abusó de ella. Como consecuencia de la agresión, la mujer quedó embarazada, lo que finalmente llevó a su captura y condena”, señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado, especificando que el agresor deberá pagar una pena de 16 años de cárcel.
El caso de Mayorga no es un hecho aislado en Colombia. A nivel nacional, la violencia sexual sigue siendo un grave problema, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Es por ello que, a finales de 2024, la Defensoría del Pueblo lanzó un mecanismo confidencial para denunciar casos de violencia sexual, especialmente en situaciones de abuso por parte de figuras con poder. Este sistema tiene como objetivo ofrecer un canal seguro para las víctimas, garantizando la confidencialidad de la información y un acompañamiento integral.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que “con este mecanismo, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de proteger los derechos de las mujeres y garantizar que ninguna víctima de acoso sexual en contextos de poder se enfrente a esta lucha sin apoyo”.
Las mujeres que enfrenten este tipo de acoso podrán enviar un correo electrónico a sinacoso@defensoria.gov.co, proporcionando una breve descripción de su situación y un medio de contacto. Este canal será gestionado por el nivel nacional de la Delegada para los Derechos de las Mujeres, quien se encargará de la recepción de la denuncia y la activación de las rutas de apoyo pertinentes.
El proceso incluye varias fases, que van desde el acompañamiento psicosocial y jurídico hasta la recolección de testimonios a través de entrevistas especializadas. Además, en caso de ser necesario, la Defensoría brinda representación judicial y acompañamiento durante todo el proceso judicial.
“Este mecanismo está diseñado para proporcionar un apoyo integral a las víctimas, desde el momento en que denuncian el hecho hasta la protección de sus derechos en el ámbito judicial”, señaló la defensora del Pueblo.