Una operación realizada por el CTI de la Fiscalía en colaboración con la Policía Nacional culminó en la desarticulación de una red criminal dedicada a la distribución de medicamentos vencidos. Durante los procedimientos, llevados a cabo en las ciudades de Barrancabermeja, Bucaramanga y Villavicencio, fueron capturadas cinco personas vinculadas con esta organización, entre ellas los hermanos Abelardo y Belisario Adarme Jaimes, junto con Édgar Mauricio Pico Cavarique, Geny Marcela Acuña Alarcón y Javier Alberto Mantilla Torres.
Según la Fiscalía, esta estructura ilegal obtenía los fármacos de dos maneras: mediante el ingreso clandestino de productos desde Venezuela o a través de entidades prestadoras de salud en Colombia. Una vez en su poder, los medicamentos eran adulterados para ser comercializados nuevamente como si estuvieran en óptimas condiciones. Estas actividades ilícitas se realizaban bajo la fachada de dos empresas aparentemente legales, que servían de canal para la distribución de los productos.
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El valor de los antibióticos suministrados a una clínica alcanzó los 2.900 millones de pesos, evidenciando la magnitud de las operaciones de esta red. La investigación también reveló que Abelardo Adarme Jaimes, que en el pasado fue reconocido como representante de empresas farmacéuticas, lideraba esta organización delictiva.
Así mismo, documentos obtenidos por El Tiempo revelaron que Belisario Adarme suscribió contratos con clínicas de los departamentos de Santander y Cesar para el suministro de medicamentos, a pesar de las irregularidades atribuidas a la red que lideraba. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un contrato por 2.918 millones de pesos con el Sanatorio del municipio de Contratación, en Santander, lo que demuestra el alcance de las operaciones de esta organización dentro del sistema de salud.
Por su parte, las investigaciones de la Fiscalía apuntaron a Adarme como el cabecilla de esta estructura delictiva, con la responsabilidad de coordinar la obtención de medicamentos a través de métodos que incluían actividades clandestinas y la adulteración de productos. Además, el ente acusador vinculó a Adarme con dos droguerías situadas en Bucaramanga: una en el barrio García Rovira y otra en el barrio Provincia Soto I. Estas farmacias habrían servido como puntos clave para la distribución de los medicamentos manipulados.
Aunque la Fiscalía no proporcionó los nombres específicos de las droguerías ni de las entidades de salud involucradas, sí dejó claro que los medicamentos eran comercializados en dispensarios y farmacias. Este modus operandi permitió a la red operar con una fachada de legalidad, mientras distribuía productos que ponían en riesgo la salud de los pacientes.
De igual forma, el contrato investigado por las autoridades tiene como finalidad principal garantizar el suministro de medicamentos esenciales para los afiliados a diferentes regímenes de seguridad social, además de cubrir las necesidades de pacientes con lepra atendidos en el Sanatorio del municipio de Contratación, Santander. Entre los productos incluidos se encontraban medicamentos regulares y controlados, los cuales son fundamentales para el servicio farmacéutico.
Sin embargo, la Fiscalía ahora centra sus indagaciones en otras dos droguerías presuntamente relacionadas con la operación de esta red irregular. Una de ellas está ubicada en Villavicencio y la otra en Bucaramanga, donde se identificó la participación de familiares de Belisario Adarme. Las autoridades investigan si estos establecimientos sirvieron como puntos de apoyo en la distribución de medicamentos de procedencia cuestionable o si actuaron como canales para su comercialización.
A pesar de las acusaciones, allegados al empresario salieron en su defensa, asegurando que Adarme siempre mantuvo una conducta ejemplar y que su trayectoria profesional en el sector farmacéutico es impecable. Según ellos, lo ocurrido es un malentendido que será aclarado en los procedimientos legales en curso llevados a cabo por la Fiscalía.