La Procuraduría General de la Nación, en colaboración con autoridades locales, sigue de cerca el caso del docente de la Institución Educativa Diego Fallón, en Ibagué, señalado de abusar sexualmente de seis niñas de básica primaria.
Tras la denuncia pública en medios de comunicación, el ente de control abrió una indagación preliminar para investigar las posibles irregularidades en la atención y protección de las víctimas, así como la actuación administrativa de los servidores públicos responsables de garantizar su seguridad.
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El docente, de 56 años, fue arrestado en un operativo conjunto realizado por la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación. La captura se produjo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal.
Según las autoridades locales, los hechos habrían tenido lugar entre 2023 y 2024. Tras conocerse las denuncias, el docente fue inmediatamente reasignado a funciones administrativas mientras avanzaba la investigación.
Durante la audiencia de legalización de captura, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, formalizando los cargos por actos sexuales abusivos y violentos en concurso homogéneo sucesivo.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha solicitado a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía y a la Personería de Ibagué que informen si se adelantan investigaciones disciplinarias sobre los hechos denunciados.
El ente de control también busca establecer si hubo fallas en la ruta de atención de las víctimas, que deben ser garantizadas por los servidores públicos encargados de velar por su bienestar.
Este caso resalta la importancia de la cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría en la lucha contra los delitos sexuales que afectan a la infancia.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ha reiterado su compromiso con la protección de los menores, destacando que “no hay lugar en nuestra ciudad para los que atentan contra la inocencia de nuestros pequeños”, mientras se sigue fortaleciendo la respuesta institucional ante este tipo de crímenes.
La creación de la unidad especializada en delitos contra menores de edad es una medida clave para agilizar las investigaciones y asegurar que los responsables enfrenten la justicia de manera oportuna, contribuyendo a la protección integral de los derechos de los niños y niñas.
Qué hacer en caso de acoso
La legislación colombiana establece un marco normativo claro para la protección de los derechos de los estudiantes frente a cualquier forma de abuso sexual, y existen diversas rutas para denunciar estos hechos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Cuando se presenta un caso de acoso sexual en el ámbito escolar, el primer paso es denunciar ante la institución educativa donde ocurrieron los hechos. El personal educativo tiene la obligación de activar los protocolos de atención y protección establecidos en la Ley 1620 de 2013, que regula la convivencia escolar y establece mecanismos para la prevención y atención del acoso escolar, incluido el acoso sexual. En este contexto, el establecimiento debe iniciar una investigación interna y tomar las medidas correspondientes para proteger a la víctima, lo que puede incluir medidas de suspensión o reubicación del presunto agresor.
Si la respuesta de la institución educativa no es adecuada o el caso no se maneja de acuerdo con los protocolos establecidos, los afectados pueden acudir a otras instancias como la Secretaría de Educación Municipal o Distrital. Estas entidades tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normativas en las instituciones educativas y pueden intervenir para garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas de acoso.
En casos más graves, cuando los actos de acoso sexual son claramente constitutivos de delito, es fundamental presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tiene unidades especializadas en delitos sexuales, que se encargan de investigar y judicializar estos casos. Es posible realizar la denuncia de manera presencial en cualquier sede de la Fiscalía, o a través de canales virtuales, como la página web oficial de la entidad. Además, los afectados pueden comunicarse con la línea nacional de la Fiscalía (122) o el correo electrónico recepciondenuncias@fiscalia.gov.co.
Adicionalmente, las víctimas de acoso sexual pueden acceder a la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que es un protocolo nacional diseñado para garantizar la protección integral de los menores afectados por estos delitos. Esta ruta incluye la atención médica, psicológica y legal, y se activa a través de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras organizaciones del sistema de salud pública.