Un nuevo choque virtual tuvieron el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal, una de sus más férreas opositoras, que replicó un informe de Noticias RCN sobre reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc en diferentes departamentos del país.
En tono de reclamo, la congresista del Centro Democrático pidió al presidente pronunciarse más radicalmente en contra de estos delitos y hacer cuanto esté a su alcance para frenarlos.
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“¿Dónde están las voces de rechazo de Petro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Otty Patiño y los congresistas del Pacto Histórico ante estas noticias que indican que los criminales de las FARC están asesinando niños que son reclutados por ellos? ¿Es que los crímenes de las guerrillas no merecen su repudio? Una cosa es la afinidad ideológica y otra el silencio que raya con complicidad”, escribió la parlamentaria uribista.
El presidente Petro le respondió, señalando que son varias las acciones ordenadas desde el Ejecutivo para recuperar el control en las zonas donde es considerable la injerencia de las estructuras armadas y su daño en la población.
“Mientras usted habla, nosotros combatimos contra ellos. No solo tomamos el plateado, centro de operaciones narcoviolentas de esta columna, que su gobierno dejó en manos de este grupo armado, sin tocarles ni un pelo, sino que ahora, vamos hasta acorralarlos en el mar”, señaló.
JEP presentó informe sobre reclutamiento de menores por parte de Farc
A mediados de noviembre de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito al imputar cargos de crímenes de guerra a seis antiguos miembros del último secretariado de las Farc, atribuyéndoles responsabilidad en el reclutamiento forzado de 18.677 menores.
Este proceso judicial, respaldado por un informe de 759 páginas, representa la primera vez que la justicia transicional aborda de manera directa este tipo de delitos cometidos por la extinta guerrilla.
Entre los líderes imputados destacan Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada). De estos, Gallo y Catatumbo actualmente ejercen como senadores del partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Aunque las Farc establecieron normativas internas que prohibían el reclutamiento de menores de 15 años, los hallazgos de la JEP revelan que estas reglas fueron ampliamente ignoradas. Muchos de los menores reclutados eran incluso más jóvenes, una realidad que los comandantes permitieron o ignoraron sistemáticamente.
El informe de la JEP detalla una serie de violaciones que enfrentaron los menores dentro de las filas de las Farc, desde malos tratos y torturas hasta esclavitud sexual. Particularmente preocupante es la violencia basada en género contra niñas reclutadas, quienes fueron víctimas de abusos sexuales, abortos forzados y, en algunos casos, asesinatos de sus recién nacidos.
De acuerdo con el documento, el 57% de los niños fueron incorporados bajo amenazas directas o coerción, mientras que el 64% tenía 14 años o menos al momento de ser reclutados. Los testimonios de víctimas ofrecen relatos desgarradores, como el de un niño de 14 años que fue obligado a unirse bajo la amenaza de represalias contra su familia.
Además del uso de la fuerza, las Farc recurrieron al engaño para captar menores. En un caso, un comandante prometió beneficios económicos a la familia de una niña de 15 años para que ingresara a las filas, promesas que nunca se materializaron.
Una vez dentro, los menores enfrentaban condiciones extremas: jornadas de entrenamiento agotadoras, un régimen disciplinario severo y castigos brutales. Estos escenarios configuraban un entorno de tortura psicológica y física, especialmente para las niñas, quienes eran sometidas a tratos aún más crueles debido a su género.
Impacto en comunidades indígenas
El reclutamiento forzado también dejó profundas cicatrices en comunidades indígenas, entre ellas los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, quienes han sido reconocidos como víctimas colectivas. Estas comunidades, ya en condiciones de vulnerabilidad, fueron explotadas por las Farc, que utilizaron su autoridad para imponer el reclutamiento de menores.
Con este proceso, la JEP busca avanzar en la verdad y reparación para las víctimas, reconociendo la magnitud del impacto del reclutamiento forzado. La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, destacó que aunque existía información sobre estos crímenes, las acciones para detenerlos fueron inexistentes por parte del secretariado.
La imputación abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para miles de niños y comunidades afectadas, reflejando el compromiso de la JEP por esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Este caso no solo expone las graves violaciones de derechos humanos sino que también pone en evidencia la responsabilidad de los antiguos líderes guerrilleros