El Consejo de Estado programó una audiencia pública para el próximo 25 de noviembre, en la que se decidirá sobre la posible pérdida de investidura del senador Iván Leonidas Name Vásquez.
Este proceso se origina en una demanda presentada por el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España, que acusó al senador de tráfico de influencias en por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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El caso contra Name se centra en alegaciones de que habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos para facilitar la aprobación de proyectos del Gobierno en el Congreso. Según las denuncias, el dinero habría sido entregado a través de la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova, quien actuó como intermediaria en la transacción, según las pruebas presentadas por Calderón.
La audiencia, que será pública, permitirá a las partes involucradas presentar sus argumentos. Además, el mismo día, el senador Name deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por los mismos hechos de corrupción. Este proceso judicial es crucial para el futuro político del senador, quien enfrenta la posibilidad de perder su curul en el Congreso si se comprueban las acusaciones en su contra.
El escándalo de la Ungrd sacudió al país, con implicaciones que van más allá del caso de Name. La investigación formal, que también involucra al representante a la Cámara Andrés Calle, se basa en pruebas como audios y fotografías de conversaciones de WhatsApp, que supuestamente demuestran la entrega del soborno.
El Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, señaló que la audiencia se llevará a cabo utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que permitirá una mayor transparencia en el proceso. La decisión final sobre la pérdida de investidura de Name dependerá de la evaluación de las pruebas presentadas y de los argumentos expuestos durante la audiencia.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la ética y la integridad en el Congreso de la República, y su resolución podría tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la corrupción en el país. La audiencia del 25 de noviembre será un momento decisivo para determinar las consecuencias legales y políticas para el senador Iván Name y para el sistema político colombiano en general.
Investigación formal de la Corte Suprema de Justicia a Iván Name y Andrés Calle por corrupción
El 5 de noviembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inició una investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Ambos legisladores fueron citados a indagatoria, y se emitieron órdenes para la recolección de más pruebas.
Esta acción se suma a una investigación previa que la misma Sala había abierto la semana anterior contra cinco congresistas y un excongresista, también por el presunto delito de cohecho impropio. Los involucrados en esta segunda investigación son los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya, así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte, y el excongresista Juan Muñoz Cabrera.
En un contexto más amplio, en mayo pasado, la procuradora general Margarita Cabello ordenó el inicio de actuaciones disciplinarias relacionadas con denuncias de actos delictivos y corrupción que podrían involucrar a altos funcionarios del órgano legislativo, incluidos los entonces presidentes del Senado y de la Cámara. Estas acciones reflejan un esfuerzo por abordar y esclarecer las acusaciones de corrupción que han surgido en el ámbito legislativo.
La apertura de estas investigaciones por parte de la Corte Suprema y la Procuraduría General resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un proceso judicial exhaustivo para determinar la veracidad de los hechos denunciados. Las indagatorias y la recopilación de pruebas serán cruciales para avanzar en estos casos y garantizar la transparencia y la justicia en el sistema político del país.