A través de una resolución emitida el 24 de mayo de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estableció un grupo interno denominado ‘Grupo de Tareas Especiales para la Inspección, Vigilancia y Control’.
Esta iniciativa, promovida por el entonces superintendente Dagoberto Quiroga, buscaba abordar conductas que afecten a los usuarios y deficiencias en la prestación de servicios. Sin embargo, la creación de este grupo ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de interceptaciones a empresas.
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El objetivo principal del grupo, según la norma, es apoyar las investigaciones del superintendente, “tendientes a vigilar las conductas que se encuentren generando, o puedan causar, una afectación a los usuarios o una deficiencia en la prestación de los servicios”. Pero, como facultades adicioneles, incluye la coordinación de acciones con la Fiscalía y la posibilidad de recolectar información de “personas, instituciones o empresas ajenas a la inspeccionada”, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio.
Según la resolución, el grupo no solo tendrá un alcance nacional, sino que también trabajará en estrecha colaboración con las Direcciones Territoriales, así como con las Direcciones de Investigaciones y las Direcciones Técnicas de Gestión. “Coordinar con otras entidades del sector público, tales como los órganos de control y la Fiscalía General, así como del sector privado, la obtención de información relevante para el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control”, detalla el documento.
La superintendencia aclaró en el documento que los resultados de este trabajo podrían desencadenar el inicio, trámite y finalización de procedimientos administrativos sancionatorios, lo que implica que las empresas podrían enfrentar severas consecuencias si se determina que han cometido irregularidades, lo que comúnmente genera un clima de tensión entre las autoridades de control y los prestadores de servicios.
La controversia entorno al ‘‘Grupo de Tareas Especiales’ se intensificó con las recientes acusaciones sobre supuestas interceptaciones ilegales a empresas, específicamente a través de las actividades de Jorge Villamil Salazar, uno de los asesores de Dagoberto Quiroga. En una entrevista con El Espectador, Villamil Salazar respondió a las denuncias, afirmando que “no se hicieron interceptaciones ilegales ni inteligencia a empresas”. Aseguró que las acciones del grupo eran parte de un trabajo legítimo, en el que se había “sentado en mesas técnicas con otras entidades para poder evidenciar posibles irregularidades”.
Villamil, exteniente coronel de la Policía, se mostró firme en su defensa. “No, eso no es verdad. Eso es mentira y se lo certifico al que sea. En este momento estoy yendo a Fiscalía a denunciar lo que están diciendo de mí. No voy a permitir que 28 años de servicio vayan a acabar con mentiras. Olvídese”, subrayó a finales de septiembre de 2024.
Incluso, cuando se le preguntó por qué su nombre había emergido en el marco de estas acusaciones, Villamil sugirió que las acciones del grupo podrían haber tocado intereses poderosos, lo que podría explicar lo sucedido: “Eso fue porque nos metimos con las grandes generadoras de energía de este país, con la gente que maneja $116 billones en este país. Gente que maneja el 20% del PIB de los servicios públicos. Por haberme metido con las mafias de los recicladores de oficio, por haberme metido con las prestadoras de aseo de Cartagena y Bogotá. Eso es por eso”.
Lo cierto es que, la creación del ‘Grupo de Tareas Especiales’ contribuyó al debate público sobre la regulación y la supervisión de los servicios públicos en Colombia. Mientras que la superintendencia busca garantizar la calidad de los servicios y proteger a los usuarios, el cuestionamiento sobre la legalidad y la transparencia de sus métodos puede afectar su credibilidad y la confianza pública.
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