Colombia ratificó oficialmente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo informó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, indicando que entregó formalmente el documento ratificado.
“Agradezco al Congreso de Colombia la aprobación de la ley y al magistrado Ibáñez su ponencia favorable y a la Corte Constitucional su decisión, también favorable”, escribió el primer mandatario. En el acto de ratificación estuvieron presentes varios delegados del Gobierno nacional, como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el canciller Luis Gilberto Murillo.
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De acuerdo con la jefa de la cartera, mediante este documento se podrá garantizar el acceso a la justicia ambiental, a la información y a la participación pública en la región, a la vez que el país se posiciona como un líder en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
“Reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde todas las voces sean escuchadas en la defensa de nuestro entorno”, señaló la funcionara en la red social.
El Ministerio de Ambiente añade que mediante este acuerdo será posible fortalecer la protección de defensores ambientales en Colombia, así como a personas que se dedican a salvaguardar espacios naturales, como los guardaparques, pueblos étnicos, funcionarios y académicos. En agosto de 2024, la Corte Constitucional avaló la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú.
“¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida”, precisó en su momento la jefa de cartera, citada en un comunicado del Ministerio.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la ratificación del acuerdo, Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 e integra el listado de 25 países que han firmado el acuerdo, aunque no todos lo han ratificado. Por su parte, el Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe informó que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en establecer puntos específicos sobre la protección de los defensores de derechos ambientales.
En Colombia, la situación de inseguridad que afrontan quienes defienden la protección de la naturaleza y los entornos es preocupante, pues, en 2023, un total de 79 líderes y lideresas ambientales fueron asesinados en todo el territorio nacional, según se evidencia en un informe de la ONG Global Witness.
La asesora de campañas de la ONG, Laura Furones, aseguró a Mongabay que esta cifra representa el 40% de los casos documentados en todo el mundo. Además, el 49% de las personas que fueron asesinadas en esa vigencia pertenecían a poblaciones afrodescendientes o indígenas y, entre ellos, seis niños.
“El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal. Pero, como muestra este informe, los ataques letales a menudo ocurren junto con represalias más amplias contra los defensores, que están siendo objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores no estatales”, indicó la experta a la organización periodística independiente.