Hasta el 8 de agosto de 2024, en Colombia, los municipios podían prohibir la instalación de antenas de telecomunicaciones; sin embargo, eso cambió a partir del 9 de agosto. Gracias a la Ley 2416 de 2024, promulgada por el Gobierno nacional, se transformará la prestación de servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, en una utilidad pública e interés social.
Lo anterior evitará que los proveedores suspendan labores esenciales para la operación de este servicio, como la instalación y el mantenimiento de las redes. Además, la norma también promoverá el uso de bienes públicos para la creación de infraestructura de telecomunicaciones.
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Según la ley, las autoridades nacionales y territoriales impulsarán la instalación de estas redes en bienes y edificios públicos, favoreciendo así el acceso de la población a servicios esenciales como es el servicio de conectividad, es decir el internet.
“Las autoridades nacionales y territoriales promoverán el uso de los bienes y edificios públicos para la instalación y el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, con la finalidad de fomentar el acceso de la población a los servicios públicos prestados sobre estas, entre ello el servicio público esencia de acceso a Internet, y a su vez, en el marco de la autonomía de la que gozan para la gestión de sus intereses, procurarán la incorporación de reglas no discriminatorias en las condiciones que fije frete a la instalación y el despliegue de redes e infraestructuras de telecomunicaciones”, suma la ley, en su artículo 4.
A nivel global, conforme con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia ocupa el puesto 38 en cobertura de internet, con solo un 60,5% de su población teniendo acceso. Ese porcentaje coloca al país muy lejos de alcanzar los niveles de los líderes del ranking, como los son Corea del Sur, con un 99,9%; y Noruega, con un 99%.
La iniciativa de la Ley 2416, según su autor, el senador Alfredo Deluque, tiene como objetivo principal fortificar el despliegue de infraestructura tecnológica en todo el territorio nacional para incrementar la cobertura y llevar conectividad e internet a todos los rincones del país.
Así mismo, la ley se enfoca en utilizar la infraestructura existente y se ampara en normativas previas, específicamente la Ley 56 de 1981, que declaró de interés público las obras ligadas a la generación y conducción de energía eléctrica.
“El acceso a Internet es un servicio público esencial. Por tanto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio”, señala la ley.
La nueva legislación también establece un procedimiento para formalizar la legalización de los predios necesarios para el paso de las redes de comunicación, un paso importante para evitar las trabas que en el pasado los municipios podían implementar con respecto a la instalación de antenas.
Un punto crucial de la Ley 2416 es la declaración de los proyectos y la ejecución de obras para el estudio, tendido, construcción, instalación, ampliación, modificación, operación y mantenimiento de redes como de utilidad pública e interés social. Eso incluye la creación de una servidumbre legal para facilitar estas acciones.
Adicionalmente, la ley contempla el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de los suscriptores y usuarios del servicio conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. De ese modo, busca garantizar que los servicios se presten de manera sostenible y eficiente.
En términos de implementación práctica, la nueva normativa presenta una herramienta relevante para que los operadores tecnológicos tiendan nuevas redes, modifiquen las ya existentes, las operen y les realicen el mantenimiento adecuado. Ahora, los operadores no podrán escudarse en las trabas municipales para justificar la ineficiencia en el despliegue de sus redes.
Finalmente, esta ley marca un hito en la regulación de telecomunicaciones en Colombia, ofreciendo un marco claro y facilitador para mejorar la conectividad en un país que busca cerrar su brecha digital y ponerse a la altura de los estándares internacionales en materia de acceso a internet.