Tras conocerse la retención de al menos 30 soldados que hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional, entre los departamentos del Meta y Guaviare, dirigentes políticos repudiaron este nuevo ataque contra las fuerzas militares.
Una de ellas fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su cuenta de X, reiteró su llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a quienes peligran la vida de soldados y policías del país.
“Hasta que la fiscalía no actúe y meta presos a estos secuestradores de soldados y policías, seguirán hasta volver a asesinar, como hicieron con el subintendente del Esmad. Es la misma guardia criminal, la misma región, la misma coca. Pero la fiscalía está dedicada a imputar cargos absurdos y arrebatar el fuero militar a la fuerza pública. Pronto denunciaremos varios hechos en este sentido”, escribió la congresista en sus redes sociales.
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Además, la senadora también lanzó fuertes críticas al Gobierno de Gustavo Petro, en referencia a las directrices emitidas por el mandatario ante las acciones que involucran a grupos armados en el país, y que actualmente se encuentran en espacios socio jurídicos.
“Como no hay consecuencia frente a los criminales que secuestran soldados con el cuento de que son “guardia campesina” lo seguirán haciendo. No hay derecho a esta burla”, comentó Cabal.
De acuerdo con información preliminar, el secuestro de los uniformados ocurrió entre los municipios de Calamar (Guaviare) y La Macarena (Meta), en la que se habría dado como retaliación por un operativo adelantado por los carabineros de la Policía Nacional, que tenía como propósito la destrucción de algunos puentes y vías que fueron construidos de forma ilegal en zona protegida del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete.
En un comunicado, el Ejército nacional informaron que los militares retenidos, entre los que se encontraban tres suboficiales y 29 soldados profesionales, ya se encuentran a salvo, gracias a las técnicas de evasión aprendidas en la institución castrense, lo que permitieron salir del cerco impuesto por la comunidad.
“Ante los hechos presentados en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, Guaviare, donde la población le impidió el paso a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.1, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, informamos que, gracias a las tácticas empleadas por los 32 uniformados, estos ya lograron evadir a la comunidad y ya se encuentran realizando tareas de estabilidad en esta área de la región”, señaló el Ejército.
Por el momento se desconoce si detrás del secuestro de los militares en la Orinoquía colombiana estarían grupos armados ilegales, debido a que la zona se ha visto fuertemente impactada por los daños ambientales como la deforestación.
Nuevo llamado de María Fernanda Cabal a la fiscal Luz Adriana Camargo
En una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, la senadora María Fernanda Cabal solicitó la apertura de investigaciones frente a la retención ilegal que sufrió un grupo de 98 soldados en zona rural de San José del Guaviare, ocurrido el pasado 9 de agosto de este año.
Para la senadora de oposición, “este lamentable suceso llevado a cabo bajo el pretexto de un cerco humanitario por parte de la guardia campesina constituye una grave violación de los derechos fundamentales de nuestros militares y un desafío inadmisible a la autoridad del Estado”.
A su vez, Cabal recordó que “el deber de la Fiscalía es garantizar que los responsables de este secuestro, así como cualquier actor que haya facilitado o promovido estas acciones ilegales, enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, por lo que la instó a que “actúe con la mayor diligencia posible para asegurar que los responsables de este crimen rindan cuentas ante la justicia. Solo así se podrá restablecer el orden y la confianza en nuestras instituciones”
Al término de la misiva, María Fernanda Cabal recalcó que “Colombia no puede permitir que el secuestro, bajo cualquier pretexto, se normalice o quede impune. Cada día que pasa sin que se tomen medidas contundentes para castigar a los responsables, se debilita el Estado de derecho”.